Algo no ha funcionado bien en Educación

Y es que los borradores han debido pasar, además de por los trámites preceptivos que se habían ignorado inicialmente, por un importante pulido para que encajen en la legalidad vigente y puedan ser objeto de acuerdo gubernamental. Así, entre otras cuestiones, los decretos renuncian a imponer una única lengua vehicular. De hecho, incluso se sustituye tal denominación por la de «lengua de aprendizaje», una calificación menos rotunda que servirá para que quienes no aceptan este cambio intenten simular otras lecturas del mismo.

En cualquier caso, y sin despejar todas las incógnitas, confirman la posibilidad de estudiar materias en otra lengua que no sea la lengua vasca, lo cual es pura sensatez y respeto a la legalidad jurídica, diversidad lingüística y eficacia pedagógica, valores todos a los que ha costado más de un año imponerse.

Las normas definitivamente aprobadas revisan asimismo otros aspectos que los primeros textos validaban, piruetas sobre las que ya habían advertido los servicios jurídicos gubernamentales sobre su escaso encaje en la legalidad, y se publicarán con modificaciones en la redacción que pueden trascender a los debates sobre el proyecto de Ley Vasca de Educación en el Parlamento. También se formalizan con aspectos sin abordar suficientemente y que tienen mucho que ver con algunos datos que se elude reiteradamente analizar.

En todo caso, lo primero que se comprueba es su aprobación tardía. Tan retrasada que ya se han producido las evaluaciones ordinarias de fin de curso en 2º de Bachillerato, amparadas por el real decreto que desarrolla los cambios educativos de la Lomloe y que, ese sí, estaba publicado antes de comenzar el curso que ahora finaliza. No parece la mejor forma de defender nuestras amplias competencias en materia educativa que, como se observa, a veces no somos muy capaces de ejercer en tiempo y forma.

Una última constatación: las aulas han funcionado ajenas a la lenta y penosa tramitación de estas normas y a sus problemas de fondo. Esto muestra la distancia entre la legalidad institucional y la realidad educativa. Lo cual no es bueno ni para un Gobierno, ni para la sociedad gobernada. En cuanto al Departamento de Educación, seguro que sabe que el aprobado en segunda convocatoria es igual de válido que el obtenido en la convocatoria ordinaria, pero también que suele indicar que algo no ha funcionado suficientemente bien durante el curso.