Con la nueva campaña de matriculación ha vuelto la polémica por la reserva de plazas para alumnado vulnerable. La comunidad escolar del centro público de Elorrio ha denunciado este viernes que hay tres familias (dos cuyos hijos entrarían en el aula de dos años y ... otra con una criatura de tres años) a las que se les ha denegado la plaza en el centro pese a haber puestos libres. «No vamos a permitirlo», han señalado en una comparecencia a media tarde.
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El problema para estas familias es que las plazas a las que aspiran forman parte del cupo que el centro debe reservar para alumnado vulnerable. Se trata de un mecanismo puesto en marcha por el Departamento de Educación el año pasado. El objetivo es que todos los centros financiados con fondos públicos matriculen la misma proporción de alumnado desfavorecido. Sólo se aplica en las aulas de dos y de tres años. En Elorrio hay un colegio público y dos concertados que ofrecen plazas en estos dos cursos.
En el caso de la pública, el departamento ha autorizado para el curso que viene una línea más en el aula de dos años; pasa de 36 plazas a 54. Aun así, hay dos familias (más una tercera en el curso siguiente) que se han quedado fuera. Sin embargo, denuncia la comunidad educativa, esas plazas a día de hoy están libres porque el centro no ha recibido los alumnos vulnerables que debían ocuparlas.
«La escuela pública de Elorrio dispone de plazas suficientes para admitir todas las solicitudes recibidas. No se justifica, por tanto, la no admisión de alguien ni su derivación a un centro no solicitado. No se puede dejar a ninguna familia fuera», denuncian, en un comunicado. En el acto, los presentes mostraron su «rotundo rechazo a la nueva Ley de Educación. Lo que acaba de ocurrir es una decisión tomada en un despacho y ésta es una de las consecuencias de dicha ley», señalan.
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El curso pasado, los principales agentes de la escuela pública, así como las patronales de la concertada, salieron en tromba contra el departamento por la «opacidad» con la que, a su juicio, Educación movía a alumnos de un centro a otro e incluso de una red a otra. Con la nueva campaña, los decibelios han bajado de forma considerable. El caso de Elorrio es el primero que se denuncia de manera pública en Bizkaia, aunque los movimientos se están dando en muchos centros. El responsable de un centro concertado del Gran Bilbao, por ejemplo, explica que «hay familias derivadas a otros centros aun habiendo plazas en el nuestro», por lo que ha animado a los afectados a poner reclamaciones. «Revisaremos por si por cada alumnos que nos quitan nos conceden otro», zanja.
Según datos ofrecidos en mayo del año pasado por el consejero, Jokin Bildarratz, gracias al mecanismo de la reserva de plazas para vulnerables, este curso más de la mitad de los centros de Euskadi (el 50,8%) se han acercado al porcentaje de escolares desfavorecidos que les corresponde por la zona en la que están ubicados. Sólo 17 centros se han alejado de la cifra que deberían tener.
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