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Las cifras parecen claras y no dejan en buen lugar ni a las administraciones ni a la Justicia. Las siete empresas de catering que pactaron durante una década los precios del servicio de comedores escolares de Euskadi se beneficiaron de un sobrecoste que ronda los ... 70 millones de euros, según el borrador del informe de conclusiones de la comisión de investigación abierta en el Parlamento vasco. La sanción del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) fue de 7,4 millones de euros. Por lo tanto, y teniendo en cuenta que se trata de un delito, las compañías implicadas se habrían embolsado de forma ilícita unos 63 millones de euros. Un beneficio más que suculento, aunque se hayan corroborado las irregularidades que denunció la Autoridad Vasca de la Competencia (AVC) en primera instancia después de que el caso saltara a la luz en el año 2014.
Esa es la primera deducción en frío que se puede realizar tras conocer los detalles del borrador de conclusiones que ya ha sido entregado por la presidenta de la comisión de investigación, Larraitz Ugarte (EH Bildu), a los grupos parlamentarios, que en el plazo de diez días podrán realizar las alegaciones pertinentes, antes de que el texto pase a Pleno para que sea ratificado. Fuentes consultadas este sábado han confirmado que el sobrecoste del fraude que se apunta en el informe preliminar -unos siete millones al año durante diez ejercicios- es el mismo que en su día denunció la expresidenta de la AVC, Pilar Canedo.
La comisión cree que «no hay duda de la veracidad» del pacto entre las empresas para el «reparto del mercado» de la prestación del servicio de comedores de la red pública vasca desde 2003 hasta 2015. Como consecuencia de esa práctica, consideran «acreditado» que se produjo «un sobrecoste de 7 millones de euros, repetido a lo largo de diez años», cuyas consecuencias provocaron un «daño» en la economía de las familias usuarias, que sufragan el 35% del servicio, y en las arcas de la Administración, que abona el 65% restante. Es decir, en los bolsillos de toda la ciudadanía.
El informe concluye también que el Ejecutivo vasco y los departamentos técnicos encargados de supervisar las contrataciones no actuaron «con celeridad ante las sospechas» y que tampoco a posteriori se «ha tomado ninguna decisión» por parte del Gobierno autonómico con respecto a las empresas implicadas. «¿Cómo es posible que una administración no actúe y sancione a unas empresas que la han engañado?», se plantea, mientras constata igualmente que pese a dichas carencias, no existió «colaboración ni connivencia» entre empresas y responsables técnicos o políticos.
El dictamen, que debe ser aprobado por la mayoría de la Cámara, concluye, por tanto, que «se debe hablar de responsabilidades a nivel político, técnico y económico». Las primeras, dirigidas a la viceconsejería de Administración y Servicios encargada de la gestión directa del servicio de comedores. Las segundas, por «la notoria falta de control y seguimiento» que permitió un fraude «de esta magnitud». Y la última porque las prácticas colusorias han supuesto «una infracción muy grave» a la ley de defensa de la competencia.
La comisión termina con unas recomendaciones dirigidas a evitar que los procesos de contratación supongan, en sí mismos, «una barrera de entrada» a empresas pequeñas o medianas, con el fin de incrementar en lo posible la competencia «sin mermar la calidad del servicio».
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