Los padres llevan al Parlamento su lucha contra la huelga en la concertada

Las asociaciones de padres dibujaron ante la comisión de Educación el escenario tan complicado que se han encontrado tras reunirse con todas las partes implicadas. «El Gobierno vasco dice que es un conflicto laboral y que deben resolverlo patronales y sindicatos. Los responsables de los colegios aseguran que no tienen recursos para responder a las demandas de los trabajadores. Los sindicatos se centran en sus reivindicaciones sin importarles las consecuencias y con planteamientos de máximos inasumibles», describió Víctor Petuya, de Fapae, una de las agrupaciones. Apuntó como una de las medidas necesarias que el Gobierno vasco «ofrezca una financiación suficiente a los colegios concertados».

Recordaron el último paso que dieron la pasada semana de pedir al Ararteko la «protección y salvaguarda del derecho a la Educación de sus hijos». El Defensor del Pueblo vasco se comprometió a buscar la mediación del Departamento de Trabajo, un arbitraje, sin embargo, que también depende de que lo soliciten las partes implicadas. «Tras todas estas reuniones no vemos soluciones», resumió Petuya.

Ante ese negro panorama, las familias pidieron ayer que el desencuentro laboral «deje de afectar a los alumnos». Solicitaron ayuda a los partidos para que no se llegue a celebrar la nueva tanda de diez paros que comienzan el 12 de marzo y que se suman a las 14 huelgas celebradas ya. «Nada justifica la pérdida de horas lectivas», reiteró Miriam González, portavoz de Fecapp –colectivos de padres de centros católicos–. Remarcó que los sindicatos «deben reflexionar» y pensar que no se trata de un «escenario de lucha obrera». «Se enfrentan dos derechos, el de huelga con el derecho a la educación de 125.000 alumnos», dijo.

Aitor Mujika, en representación de los padres de alumnos de centros Diocesanos (Bidelagun), hizo un «llamamiento desesperado» a los partidos para que paren las huelgas y que «no se consume esta catástrofe educativa», en referencia a la pérdida de 24 jornadas de clase este curso. «Está en riesgo el futuro de la red concertada, en la que estudia el 50% de alumnos. Se puede quebrar la libertad de elección de colegio para las familias vascas», añadió.

Todos los grupos políticos mostraron su disposición a ayudar a los padres de alumnos, aunque señalaron diferentes culpables y soluciones a este enfrentamiento. Jone Berriozabal (PNV) defendió que se trata de un «conflicto laboral» y abogó por la intermediación del Departamento de Trabajo. Apuntó que la «mayoría sindical» –ELA en el sector de iniciativa social– tiene «mucho que ver» en esta situación de «bloqueo».

Rebeka Ubera (EH Bildu) aseguró que Educación es «el principal responsable» de la situación porque es la que «regula y financia todo el sistema». Anunció que su partido va a poner sobre la mesa iniciativas para que el Gobierno vasco «asuma su responsabilidad». La parlamentaria socialista Gloria Sánchez destacó que hay que «garantizar» el derecho a la educación de «todos los alumnos» y animó a seguir con la «negociación».

Iñigo Martínez (Elkarrekin Podemos) indicó que el origen del conflicto está en que el convenio de los profesores «lleva diez años sin ser renovado». Se preguntó, además, por qué no existe ese problema en las ikastolas concertadas, en las que patronal y sindicatos sí llegaron a un acuerdo. La popular Juana Bengoechea emplazó al Gobierno vasco a tener un «papel protagonista», recordó que la patronal de esta red «no lucha por un porcentaje de beneficio, sino por la supervivencia» y reclamó una mayor financiación para este sector.