«Algunos padres te increpan por confiscarle el teléfono a su hijo»

Sin embargo, no siempre es así. La responsable de un centro público de Bilbao que pide el anonimato describe una situación bastante más complicada. Su centro prohibió el uso del teléfono hace varios años. «Pero no es tan fácil», asegura. Legalmente, un profesor no puede confiscar un móvil más allá de unas horas, ya que, a fin de cuentas, es una propiedad privada. «Se lo puedes pedir al chaval y si te lo da, bien. Pero si no...», lamenta.

Eso sitúa a los profesores en una delicada situación en la que dependen de la colaboración de las familias. «Muchas nos ayudan y ponen límites a los alumnos. Pero hay otras que te increpan y te dicen '¿tú quién eres para quitarle el móvil a mi hijo?'. También hay padres que vienen a decirnos que lo lamentan pero no pueden controlar a sus hijos, no les hacen caso», explica. Por eso, «nos ayudaría que el departamento hubiera establecido una normativa general, tendríamos un respaldo», asegura.

Existen otras aristas del asunto. Una es la logística. «No tenemos un lugar en el que poner los móviles que confiscamos. Se suelen guardar en un cajón de la sala de profesores. Pero hay teléfonos que valen más de mil euros. ¿Qué pasa si desaparece uno? Es un problema gordo». Por eso, asegura, muchos docentes optan por llamar la atención a los alumnos que usan el dispositivo, sin llegar a requisarlo.

«Hay algunos chavales que son adictos y por mucho que les digas que dejen el móvil, no pueden. También les pasa con el Chromebook», continúa. «Hemos tenido que poner un profesor en los baños durante los recreos, porque hay chavales que se meten para poder estar con el teléfono», afirma. «Hay veces que estamos como policías». Sin entrar en detalles, esta docente cuenta también que hace dos años hubo un problema de convivencia «gordo» relacionado con los móviles que incluso acabó en una denuncia ante la Ertzaintza.