El sindicato Steilas, mayoritario entre el profesorado de la red pública, y Ehige, la federación de asociaciones de madres y padres de esta misma red, han solicitado este viernes que se paralice la tramitación del proyecto de ley de Educación. Consideran que la futura ley «no vela por el futuro de la escuela pública», sino que pretende «garantizar el futuro de las escuelas de titularidad privada».
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Steilas y Ehige han judicializado el decreto de planificación, ya que «iguala» la titularidad pública y privada de los colegios, lo que «contraviene» la legalidad. Se trata de una norma fundamental ya que, entre otras cosas, fija las ratios mínima y máxima de alumnos por aula en cada etapa educativa. El texto está en vigor. Fue aprobado por el Departamento de Educación en marzo y, de hecho, ha sustentado el proceso de matriculación para el curso que viene. La impugnación se ha presentado ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y se prevé que se resuelva en un plazo de un año o año y medio.
En una comparecencia conjunta, las portavoces de Steilas, Nagore Iturrioz, y de Ehige, Lurdes Imaz, han explicado las razones que les han llevado a recurrir a los tribunales. Básicamente han señalado tres. La primera es que la Lomloe, la ley educativa estatal, garantiza que todos los alumnos tienen derecho a «una plaza pública». El decreto de planificación vasco, en cambio, dice que se garantiza una plaza «mantenida con fondos públicos». Es decir, en centros tanto públicos como concertados. «No es lo mismo», han censurado las portavoces. «¿Dónde se refleja la esencialidad de la escuela pública?», se han cuestionado.
En segundo lugar, han denunciado que el Servicio Público Vasco de Educación, piedra angular del futuro sistema educativo, «no tiene sustento jurídico». Es una «construcción jurídica» que, «sin amparo legal», «pretende igualar la titularidad pública y la privada» de los centros. Los propios servicios jurídicos del Gobierno vasco ya señalaban en sus informes que el decreto y el proyecto de ley «no se adecúan» a la legalidad al contener el concepto de «servicio público vasco de educación», lo que se considera un «subterfugio» para «equiparar» centros públicos y privados. «Un servicio que engloba» a los centros de ambas redes y los pone «al mismo nivel» «nunca es ni puede ser público», han censurado las portavoces.
Por último, Steilas y Ehige critican que se ha «recortado» la participación de la comunidad educativa en el diseño del nuevo mapa escolar. Un «retroceso democrático» que instan al consejero, Jokin Bildarratz, a explicar. Todos estos elementos, han subrayado, se reproducen en el anteproyecto de ley de Educación, que se pretende aprobar en el Parlamento vasco «con tanta premura». Por ello, piden que se paralice su tramitación. Contactado por este periódico, el Departamento de Educación ha declinado realizar comentarios.
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