Novatadas y plagios, hasta tres años de expulsión

Esta norma, que podría entrar en vigor en algún momento del próximo curso, viene a terminar con un anacronismo inexplicable como es que las normas de comportamiento y las sanciones en las escuelas y facultades públicas españolas, al menos sobre el papel, se rigen por un reglamento franquista, de 1954, impregnado de nacionalcatolicismo y justamente alumbrado por el propio dictador -firmó el reglamento en el Pazo de Meirás- para amordazar a las universidades y los universitarios, uno de los centros de la resistencia democrática al régimen. Un texto «vetusto» y «obsoleto», como lo define la propia norma que pretende sustituirlo, y que el Ministerio de Universidades ha pactado con los rectores, que luego tendrán que adaptarlo a cada campus, y con los representantes de los alumnos.

El proyecto de ley, que acabará con artículos con intenso olor a alcanfor como el que establece graves sanciones por «manifestaciones contra la moral católica», pretende solucionar la mayor parte de los incidentes y conflictos de la vida universitaria mediante el diálogo, las mediaciones y el buen trabajo de las comisiones de convivencia, pero también especifica un régimen de sanciones para los hechos más graves, castigos académicos que no libran a su autor de otras penas de tipo administrativo o penal, si es que su comportamiento fuese acreedor de ellas.

Los actos más reprochables contra la convivencia universitaria constituyen faltas muy graves y estarán castigados con la expulsión de la universidad por tiempo de dos meses a tres años o con la anulación de parte de los derechos de matrícula, según el caso. Recibirán estas sanciones extremas los plagios en las tesis doctorales y trabajos de fin de grado o de máster, las novatadas en el campus que menoscaben la dignidad de afectado, la falsificación de actas, documentos o notas, la discriminación por razones de sexo, género, lugar de nacimiento o discapacidad, el acoso y la violencia sexuales, el acoso o la violencia grave contra cualquier miembro de la comunidad universitaria, y las suplantaciones de alumnos en exámenes.

También recibirán los máximos castigos académicos los actos que impidan la celebración de procesos electorales, la mutilación o sustracción de propiedades de la universidad, y el incumplimiento grave de las normas sanitarias de la institución, como pueden ser los casos de profesores que se han negado a dar clase con mascarilla durante esta pandemia.

Entre las faltas graves, sancionadas desde un día a un mes de expulsión, o con la anulación de la inscripción por ese curso en la asignatura afectada, están copiar de forma organizada o premeditada en un examen, obtener de manera fraudulenta el mismo examen, acceder sin autorización a los sistemas informáticos de la institución, o impedir la celebración de clases, conferencias y otras actividades universitarias, de investigación o de transferencia de conocimientos, lo que podría incluir a los piquetes y los escraches violentos.

En la lista de las infracciones leves, sancionadas con amonestación privada, están algunas como copiar a alumnos próximos en un examen o acceder a instalaciones universitarias que no esté permitido. En el caso de las faltas leves y graves, las sanciones precedentes, si así lo acuerdan los órganos designados o así se pacta con los afectados, pueden ser sustituidas por actividades o trabajos en favor de la comunidad.