La Justicia da un tirón de orejas a los colegios concertados por no pagar los aumentos salariales acordados en febrero

El fallo del tribunal, al que ha tenido acceso este periódico, condena a los centros educativos a asumir cuanto antes los compromisos salariales. La sala también da la razón a los sindicatos ELA, Steilas, CC OO, LAB y UGT en un punto fundamental: el pago de los sueldos en ningún caso está vinculado a la financiación pública por parte del Departamento de Educación.

«El Acuerdo no quedó vinculado a la obtención de ninguna financiación pública», argumenta el fallo. «No es argumento acogible de oposición a la demanda que la enseñanza concertada pueda supeditar el cumplimiento de sus obligaciones a la obtención de la financiación pública correspondiente», continúa.

La sentencia diferencia, no obstante, dos situaciones. Por un lado están los aumentos para este mismo año, que son los que deberían haber sido abonados ya; y, por otro, los atrasos desde el año 2021, que es cuando caducó el anterior convenio colectivo. La sala admite que los sueldos actualizados de 2021, 2022 y 2023 tienen que pagarse antes de que termine este año.

La parte sindical ha celebrado la decisión del tribunal. En un comunicado, instan a las patronales «a no prolongar más la firma del convenio», ya que lo que se firmó en febrero fue un acuerdo de fin de huelga, no un nuevo convenio. También piden a las empresas «que cumplan la sentencia sin recurrirla; que cumplan el resto de contenidos recogidos en el acuerdo a medida que llegue el plazo de cumplimiento, y que convoquen a la mesa negociadora para incorporar al convenio los contenidos pactados en el acuerdo de fin de huelga».

Los centros afectados por esta situación son los que pertenecen a Kristau Eskola, Aice-Izea, Centros Diocesanos e Ikasgiltza. Son algo menos de 200 colegios en toda Euskadi en los que estudian unos 130.000 alumnos y trabajan 9.000 profesionales.

El fallo judicial llega en un momento algo confuso. El Parlamento vasco aprobará en las próximas semanas una medida para inyectar 67 millones extra a la red concertada; 50 de ellos irán a los centros de iniciativa social. Según ha defendido el Departamento de Educación, el dinero deberá ir destinado a la equiparación salarial entre los docentes de la red de titularidad privada y de la pública.

No obstante, tal y como desveló este periódico, los sueldos firmados en el acuerdo que puso fin a la huelga en la red concertada el pasado mes de febrero son superiores a los de la pública. Por tanto, en teoría, deberían ser los centros educativos quienes asuman con fondos propios el desfase entre lo acordado y lo financiado por el Gobierno. Y «en ningún caso» podrían hacerlo con el cobro de cuotas a las familias. Esto dejaría a muchos centros, especialmente los más humildes, en una situación delicada.

En privado, responsables de la red concertada se muestran convencidos de que la inyección de dinero extra del Ejecutivo autonómico servirá para asumir los compromisos salariales de principios de año. La consejera de Educación, Begoña Pedrosa, eludió aclarar este punto en una comparecencia parlamentaria esta semana. Se limitó a señalar que el personal docente de la red concertada «no cobrará más» que sus homólogos de la pública en los puestos directamente financiados por la consejería.