Los jueces dan la razón a Educación en el conflicto con un colegio de Güeñes por las ayudas públicas

El modelo educativo nunca ha sido el motivo de exclusión del régimen de concierto. Osotu Lanbarri comenzó su andadura en esta localidad de Las Encartaciones tras el visto bueno de la viceconsejera en el cargo en 2016, Arantza Aurrekoetxea, aunque su autorización definitiva no llegó hasta tres años después debido a un problema con las obras del edificio.

Fue entonces cuando el centro solicitó la financiación pública para conseguir que el colegio fuera accesible al mayor número de niños y niñas sin importar el poder adquisitivo de sus familias. El Gobierno vasco, sin embargo, no reconoció su derecho a percibirla por no responder de forma estricta a la necesidad de más plazas escolares en el ámbito municipal o comarcal. Por este motivo, las familias han promovido numerosas movilizaciones.

La titularidad del centro llevó al Ejecutivo autonómico a los tribunales con el objetivo de anular la orden del 13 de marzo de 2020 por la que se resolvía la concesión de los conciertos educativos para los cursos escolares 2020-2021 y 2021-2022 y que dejó fuera a Osotu Lanbarri. En el auto, el juez sostiene que es «condición necesaria» para el acceso al régimen de conciertos la «satisfacción de las necesidades educativas», por lo que el argumento que emplea el Departamento de Educación para rechazar la solicitud del centro tiene, según el juez, suficiente peso.

Asimismo, el tribunal autonómico considera que la parte demandante no aporta la suficiente justificación para acreditar la necesidad de más plazas escolares y que la situación de otros centros escolares de la provincia que se nutren principalmente de alumnado de fuera de su área de influencia «no es comparable», por lo que la Administración no infringe ningún derecho de igualdad a este colegio de Las Encartaciones.

La fundación se encuentra a la espera de que el recurso sea admitido a trámite porque consideran que sigue existiendo una «situación de indefensión porque se niega el concierto sin motivo recurrente» y considera «poco clara» la sentencia. «¿Qué necesidad de escolarización hay en Loiu donde hay 5.000 plazas escolares y en los últimos años han nacido 34 niños? Una necesidad demográfica igual no tenemos en nuestro caso, pero la necesidad queda patente cuando hay 200 familias de varios municipios que llevan a sus hijos a este colegio y tienen colegios concertados al lado de sus casas», señaló ayer a este diario la directora María del Mar Hernáez. Por su parte, el Departamento de Educación declinó ayer realizar comentarios sobre la sentencia. Las familias de Osotu, sin embargo, no tiran la toalla y seguirán convocando movilizaciones para pedir al Gobierno vasco la financiación pública.