El instituto que supervisará el uso del euskera en los colegios nace con 27 millones

La mayor parte (16) irán destinados a sufragar gastos de personal. Todo hace indicar que no se crearán puestos nuevos, sino que se redirigirán recursos humanos que estaban destinados a otras labores. No obstante, habrá que esperar a que el departamento elabore un decreto específico para conocer el detalle de su actividad.

Por lo pronto, lo que se sabe del nuevo instituto es lo que viene recogido en la Ley de Educación. En su capítulo sexto, la norma señala que se encargará «del tratamiento de las metodologías lingüísticas y la formación del profesorado para reforzar su actitud, progreso e implicación lingüística». El organismo se encarga especialmente de «fomentar el uso activo del euskera».

Será un ente que tendrá «autonomía funcional» dentro de la consejería y, además, podrá aprobar «su propio reglamento de organización y funcionamiento». Entre sus funciones figurarán algunas de cierta trascendencia, como la «elaboración del currículo vasco» y la «organización de la producción de material escolar».

Además, la ley señala que se ocupará de la «capacitación del profesorado en lengua y metodología», incluida la de «transmitir la cultura vasca». Y le corresponderá el «análisis, propuesta e implantación de las necesidades de certificación lingüística del Sistema Educativo Vasco». Los estudiantes deben acabar la educación obligatoria con un nivel B2 en ambas lenguas oficiales y un B1 en un idioma extranjero.

Este instituto de nueva creación fue una exigencia expresa de EH Bildu durante la negociación de la ley. Esto evidencia que el texto lleva la impronta de la coalición abertzale, pese a que finalmente votó en su contra por no estar de acuerdo con que se mantuviesen los actuales modelos lingüísticos.

La inclusión del instituto en la ley se realizó a pesar de contar con la opinión contraria de dos organismos de mucho peso. Tanto la Oficina de Control Económico –dependiente del Departamento de Hacienda– como la Comisión Jurídica Asesora –los servicios jurídicos del Gobierno vasco– redactaron sendos dictámenes en contra del nuevo ente. En concreto, emitieron un «juicio desfavorable» porque su creación no estaba «suficientemente justificada». También criticaban la manga ancha en cuanto a sus propias funciones que tendrá el nuevo instituto, como la facultad de aprobar su propio reglamento.