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El 13 de febrero se abrirá en Euskadi el plazo de prematrícula para el curso escolar 2023-2024. Las semanas previas al inicio de este proceso siempre son de inquietud para las familias que inscriben a sus hijos por primera vez en un colegio o ... para aquellos que cambian de escuela o instituto. Pero este año lo son aún más si cabe. El Gobierno vasco ha introducido la obligatoriedad de que los centros públicos y concertados reserven un porcentaje de plazas para el alumnado vulnerable con el fin de realizar un reparto más equitativo y evitar los guetos. Pero no ha sido hasta esta misma semana cuando los colegios han conocido qué tasa de estudiantes en situación de fragilidad deben asumir.
Esta situación preocupa a las familias que deben realizar las matrículas, porque se trata de una información que Educación no ha hecho pública y de la que los progenitores no disponen a la hora de decidir en qué centro quieren inscribir a sus hijos. Entre las AMPA y los sindicatos la iniciativa genera dudas tanto por su aplicación como por su efecto futuro.
El departamento de Educación ha elaborado un nuevo mapa educativo de Euskadi para aplicar este reparto. En el caso de Bizkaia, por norma general, se ha optado porque cada municipio constituya un área de influencia educativa. Aquellos que estaban divididos en varias zonas se unifican en una. Incluso son varias las localidades vecinas de tamaño pequeño o mediano que se han agrupado en una para garantizar que en todas exista, al menos, un centro público para cada una de las etapas educativas. Solo hay una excepción: Bilbao. La capital mantiene su fraccionamiento en nueve sectores.
Lourdes Imaz, portavoz de Ehige, la federación de asociaciones de padres y madres de la escuela pública vasca, los centros deben reservar, de media, un 20% de sus nuevas matrículas a alumnos vulnerables. Aunque, añade, hay áreas en los que esta tasa no llega al 10 y otras en los que se acerca al 30%, según les han comunicado los propios centros.
La consejería ha calculado el índice de colegiales en situación de fragilidad para cada entorno utilizando varios indicadores, entre ellos el nivel socioeconómico de la localidad o barrio o el lugar del procedencia de los estudiantes.
Educación ha dado ya traslado a los colegios tanto del índice de fragilidad que ha establecido para la zona en la que se encuentra enclavado, así como el porcentaje actual de alumnos vulnerables que ya estudian en cada escuela. En muchos casos no coinciden. Esto va a obligar a ofrecer más plazas para estos escolares a aquellos que no llegan a la tasa que les marca el Gobierno vasco. Los que la sobrepasan, por su parte, tendrán que hacer a la inversa. La consejería da a las escuelas un plazo de tres años para que puedan llegar de forma progresiva al cupo marcado para su zona. Cada año se realizar una revisión de los cupos y de su cumplimiento por si hubiese que realizar algún ajuste
Este índice estaba previsto que se aplicase solo en los alumnos que ingresen con 2 años en Educación Infantil, pero varias fuentes apuntan que, tal y como está redactada la orden de 21 de diciembre que regula los plazos para presentación de las matrículas, se puede interpretar que implica a todos los estudiantes que cambien de colegio. No afecta a los que ya están inscritos en un centro, que tienen derecho de continuidad.
Entre los sindicatos de ámbito educativo hay «dudas» respecto a la aplicación final de esta medida y sus resultados. «Estamos preocupados. No sabemos qué efecto va a tener para acabar con la segregación, pero tampoco cómo afectará a los puestos de trabajo, ni a los propios centros», indica Miren Zubizarreta, de ELA. Txus Martín, de UGT, echa en falta un «mayor detalle» de esta norma y se muestra «escéptico» con la misma.
Para Nagore Landa, del sindicato Steilas, toda la tramitación que Educación está llevando a cabo de este sistema de reparto de los escolares menos favorecidos con el fin de realizar una distribución más equitativa entre los colegios «es confusa» y genera «desconfianza». «El Gobierno no está dando una información clara y los centros no saben cómo les va a repercutir», indica. Landa también recela sobre la eficacia que tendrá la iniciativa y sostiene que «mientras exista un sistema dual de educación público y privado-concertado habrá segregación».
20% Es el porcentaje medio de plazas que los centros deberán reservar a nuevos alumnos vulnerables, según Ehige.
Progresivo Los centros tienen 3 años para lograr el cupo de matrículas para estudiantes frágiles fijado por Educación.
Evaluación Cada año se realizar una revisión de los cupos y de su cumplimiento por si hubiese que realizar algún ajuste.
La iniciativa puesta en marcha por el Gobierno vasco para evitar que los alumnos vulnerables se concentren en algunos centros podría tener un efecto perjudicial sobre la escuela pública vasca. Así lo entienden en Ehige. Su portavoz, Lourdes Imaz, afirma que para alcanzar los cupos de nuevas inscripciones establecidos por Educación se va a realizar una «sobre oferta de plazas» en la concertada y que esto puede animar a que familias que ahora llevan a sus hijos a centros públicos opten por matricularlos en un privado subvencionado. «Tenemos miedo a que la escuela pública pierda alumnos al haber una mayor oferta de plazas en la concertada», afirma Imaz, quien insiste en que «para que no existan guetos es necesario que la educación pública sea de calidad».Imaz también muestra sus dudas sobre la «encuesta» que traslada Educación a las familias que realizarán la matrícula para los niños de dos años y con la que se quiere conocer su nivel de vulnerabilidad. «No es objetiva. Deberían utilizar otro sistema diferente».
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