Las ikastolas exigen a Educación medidas concretas para garantizar la gratuidad y acabar con las cuotas

Así lo han afirmado Koldo Tellitu, presidente de la asociación, y Nekane Artola, vicepresidenta, en una comparecencia para valorar el proyecto de ley de Educación recientemente aprobado por el Consejo de Gobierno y que han dado por «válido«. Según han explicado, el documento elaborado por la consejería que lidera Jokin Bildarratz «establece los principios y el objetivo de la gratuidad para garantizar el derecho a la educación de todos los alumnos y familias», lo cual consideran «positivo», pero «no se menciona la forma de llevarla a cabo ni los recursos que se van a emplear». «En la actualidad no es posible materializar la gratuidad con los recursos definidos en la Memoria Económica», subrayan.

Por ello, piden al Gobierno «constituir un grupo de trabajo» para «establecer plazos concretos» y avanzar en la gratuidad real de la enseñanza básica. Un instrumento que, han recordado, ya contempla la LOMLOE, la ley educativa nacional. «Entendemos que la Ley vasca de Educación debería incluir la misma mención» a este grupo de trabajo, sostiene el documento que han leído los responsables de las ikastolas.

La financiación pública estará destinada, en todo caso, a cubrir los costes por la impartición de la enseñanza básica. La ley sí permitirá a los centros concertados cobrar por otros conceptos, como las extraescolares, el comedor o, en el caso de las ikastolas, la cuota de cooperativistas, que cada centro regula. Todos esos gastos deberán estar publicados tanto en la web de cada centro como en la del Departamento.

Por otro lado, Ikastolen Elkartea ha exigido al Gobierno que deje de actuar de forma «unilateral». En su opinión, la ley es poco concreta ya que «demasiados temas importantes quedan por desarrollar reglamentariamente». Ello hace que la consejería regule todas esas cuestiones «mediante órdenes y decretos» lo que «posibilita una política unilateral que dificulta a los agentes educativos la participación en el proceso». Algo que las ikastolas «hemos podido comprobar con las medidas establecidas en el proceso de admisión del alumnado».

A este respecto, el secretario general, José Luis Sukia, ha recordado que Ikastolen Elkartea ha recomendado a todas las familias afectadas por la nueva normativa interponer recursos contra la plaza que les ha asignado Educación. En unos 20 centros de la federación ha habido «desequilibrios» entre los alumnos vulnerables recibidos y los que han tenido que ser derivados a otros colegios por la obligación de reservar plazas a los estudiantes más desfavorecidos.

Según explicaron la semana pasada, de sus centros han salido 96 alumnos por 49 que han recibido, lo cual les ha generado un 'déficit' de 47 escolares. Sukia ha afirmado que esperarán a que se resuelvan los recursos antes de decidir los pasos a dar. No obstante, la federación advirtió que no reservarán las plazas para vulnerables que se queden vacías si ello implica que haya alumnos que, habiendo solicitado entrar en una ikastola, se ha quedado fuera.

El Gobierno, por su parte, «no contempla la hipótesis» de que las ikastolas cumplan su amenaza. El consejero de Educación,en una entrevista en EL CORREO, ya advirtió que los centros que no cumplan con la normativa de admisión no contarán con financiación pública. Este martes el portavoz del Ejecutivo, Bingen Zupiria, no ha querido plantearse ese escenario. En todo caso, ha subrayado que, aunque no se cubra el cien por cien de las plazas, los conciertos educativos «aseguran la financiación» de la totalidad de las plazas de cada centro concertado.

Si bien la federación de ikastolas considera «válido» el proyecto educativo, detectan ciertas «carencias». Por ejemplo, critican que «si bien se define un nuevo concepto de lo público», «no se supera la dicotomía público-privada» y consideran que «todos los centros, independientemente de su titularidad, debemos tener la capacidad de actuar en igualdad de condiciones».

Entre ellas, que la futura norma no instaura «un auténtico modelo de inmersión lingüística» en euskera, a pesar de que, dicen, «los modelos lingüísticos están tácitamente derogados» en el texto. En ese sentido, piden «un sistema educativo basado íntegramente en el currículo vasco».

Otro aspecto relevante de la futura ley es que todos los alumnos deben acabar la ESO con un nivel B2 tanto en euskera como en castellano. «La cuestión», afirman las ikastolas, «es que no podemos dejar la evaluación de este logro en el profesorado de cada centro», por lo que «sería imprescindible una evaluación externa para garantizar la objetividad».

Ikastolen Elkartea también lamenta que «la ley no recoge el País Vasco en su conjunto» y se limita a Euskadi. «Reivindicamos una ley que aborde Euskal Herria en su conjunto», subraya el documento hecho público este martes. Para ello, piden que, al igual que se contempla en la normativa que regula la Universidad del País Vasco, se impulsen convenios de colaboración entre los centros educativos de Euskadi, Navarra y el País Vascofrancés. «En ningún caso vamos a abandonar nuestro compromiso y colaboración con las ikastolas en Iparralde y Navarra que se dedican a la enseñanza del euskera», afirman.