Las guarderías privadas afrontan una matrícula clave para su supervivencia

En Euskadi existen varias opciones para escolarizar a los menores en el primer ciclo de Infantil (entre 0 y 3 años). Por un lado está el Consorcio de Haurreskolak. Es lo que se conoce como la red pública y está participada por el Gobierno vasco y los ayuntamientos. En segundo lugar existen las Escuelas de Infantil autorizadas por el Departamento de Educación. Son centros de titularidad privada pero que reciben subvención del Gobierno vasco.

Además, cada vez más colegios ofrecen la opción de matricular a los alumnos en el aula de 2 años, que es la edad en la que suelen escolarizarse los menores. Por último, las guarderías o ludotecas están fuera del sistema de enseñanza reglada ya que no imparten contenidos educativos. Funcionan como una especie de espacio recreativo infantil.

Son las segundas, las Escuelas Infantiles autorizadas, las que con mayor preocupación afrontan el periodo de matriculación de la semana que viene. ¿Por qué? Básicamente porque a lo largo de los últimos meses han ido recibiendo solicitudes de familias que quieren inscribir a sus hijos e hijas en sus aulas de 0, 1 o 2 años. El problema está en que muchas de esas familias pedirán el lunes acceder a las escuelas del Consorcio. A partir de septiembre van a ser gratuitas, mientras que un servicio de ocho horas con comida completa en una Escuela Infantil privada cuesta en torno a 350 euros al mes, una vez descontado el dinero de las subvenciones. Una ayuda que debería cubrir el 60% de cada plaza pero que lleva congelada desde 2009.

«Nuestra situación es muy preocupante», reconoce Aitziber Aguirre, presidenta de la asociación Haurpribi. «No es solo que las Haurreskolak del Consorcio van a ser gratuitas», explica. «La natalidad ha caído de forma brutal y ahora con los nuevos permisos de maternidad y paternidad las familias traen a sus hijos casi con un año», lo cual reduce considerablemente la demanda. Como consecuencia, cada vez más centros se ven abocados al cierre. Este curso hay 88 centros abiertos, los mismos que hace una década. Hace tres eran 95.

«Estamos aquí para ayudar a las familias pero la administración nos tiene en el fondo del saco», critica Eder Zaldivar, presidente de Giarbi, asociación que, junto a Haurpribi, aglutina a más del 60% de estos centros. «No entendemos que el Gobierno vasco no cuente con nosotros para hacer frente al reto demográfico», censura. Aguirre afirma que ofrecen una flexibilidad horaria que se adapta a cada familia. Y Zaldivar incide en que los suyos son «centros de barrios», «de cercanía».