El Gobierno vasco pide retrasar al menos hasta 2025 la nueva Selectividad

«Nosotros ya llevamos tiempo diciendo que no queremos que se aplique este curso. Que primero se tiene que desarrollar la Lomloe en su totalidad y luego llegarán los cambios en la EBAU», explicaba ayer un portavoz de la consejería que dirige Jokin Bildarratz.

Los ministerios de Educación y de Universidades elaboraban desde hace un año un real decreto para cambiar la Selectividad a partir de 2024 y adaptarla a los nuevos currículos y métodos de enseñanza introducidos por la Lomloe. Pero, a finales de mayo, frenaron su envío al Consejo de Ministros por la convocatoria de elecciones anticipadas. No querían atar de pies y manos con una aprobación «in extremis» al nuevo Ejecutivo, argumentaron, más si se tiene en cuenta que el PP rechaza su modelo y reclama una prueba única a nivel nacional. Metieron el borrador en el cajón para que decidiese el Gobierno salido de las urnas.

Sin embargo, los responsables educativos creen que la situación ha cambiado y que ya no pueden esperar más para decidir qué va a ocurrir con la EBAU de 2024. La alta probabilidad de dos intentos sucesivos de investidura retrasará la conformación del Gobierno, como mínimo, a mediados de octubre. Esto significa que la nueva regulación, la que marcará el tipo de exámenes, su estructura o sus calificaciones -y las directrices que condicionan cómo se imparten las clases y materias en segundo de Bachillerato-, no llegaría a alumnos, profesores y comisiones de evaluación al menos hasta que el curso lleve un mes y medio empezado.

«Sería ya demasiado tarde», comentan fuentes gubernamentales, que apuntan a que el comité de dirección de Educación se reunirá hoy y que los responsables ministeriales comunicarán una decisión definitiva a autonomías y universidades entre esta semana y la próxima. Lo primero que analizarán es si, pese a las fuertes limitaciones de un Gobierno en funciones, el Consejo de Ministros podría aprobar la reforma de la Selectividad. La ley del Gobierno impide al Gabinete interino aprobar los Presupuestos o proyectos de ley y le ordena limitar su gestión «al despacho ordinario de los asuntos públicos, absteniéndose de adoptar (...) cualesquiera otras medidas». Pero la prohibición de actuar tiene dos salvedades, «casos de urgencia debidamente acreditados» y «razones de interés general cuya acreditación expresa así lo justifique». Los juristas dirán ahora si en ellas encaja el real decreto.