El Gobierno da el primer paso para reformar el sistema universitario

La LOSU, que tiene como objetivo modernizar la gestión, la gobernanza y la financiación de unos campus públicos que resisten como pueden tras una década de enormes recortes, llega al Consejo de Ministros tras un proceso de consultas con la comunidad universitaria, partidos, rectores, sindicatos y empresarios que ha durado cinco meses.

El documento es un anteproyecto que sufrirá cambios antes de llegar al Congreso, posiblemente a finales de año o comienzos del próximo. Tras su primer paso por el Consejo de Ministros volverá a abrirse a aportaciones y será dictaminado por órganos consultivos como la Conferencia de Política Universitaria (consejeros autonómicos), el Consejo de Universidades (rectores) o el de Estado. Los rectores ya anticiparon sus peticiones: un marco general y estable para todo el país, poca regulación y mucha flexibilidad de gestión y autonomía de cada universidad, y una financiación suficiente.

El borrador tiene una quincena de capítulos, pero destacan cinco grandes bloques: gobernanza y estructura organizativa, financiación, docencia, estudiantado e investigación. El primero reforma los mecanismos de gestión y representación para que ganen en agilidad y eficacia. Determina quién puede ser rector, cómo se le elige, sus competencias, cuánto durará su mandato, y hace modificaciones en órganos clave como el Claustro o el Consejo Social.

Los socialistas presionan para que pueda ser rector cualquier profesor, aunque no sea catedrático. Los rectores, agrupados en la CRUE, por contra, defienden que debe ser un catedrático y, además, con excelencia académica y de gestión acreditada. El ministerio apuesta por una posición intermedia. Por primera vez un profesor titular podrá ser candidato a rector, pero deberá llevar más de 15 años como docente e investigador y tener experiencia acreditada de gestión en cargos unipersonales de la universidad.

El modelo de financiación es clave para una universidad española famélica. El Gobierno se comprometió a fijar como meta a medio plazo un aportación pública del 1% del PIB, la media europea, de la que se está un 15% o un 20% por debajo. La CRUE reclama que la ley incluya el compromiso de una financiación básica que cubra en cantidad suficiente los gastos estructurales, pero también traiga una aportación extra vinculada al cumplimiento de objetivos y una cantidad fija y finalista estatal destinada a investigación. El borrador podría atender buena parte de las demandas de los rectores.

La ley incorporará otra demanda histórica de los enseñantes, un estatuto del personal docente e investigador. Regulará los tipos y categorías de enseñantes y si además de carrera funcionarial la habrá también laboral. Debe facilitar el aumento de contrataciones y el rejuvenecimiento de plantillas y solucionar el fraude de los supuestos profesores asociados, que ya son el 40% de las plantillas. Se trata de una figura docente temporal o a tiempo parcial, pensada para incorporar de forma excepcional a las aulas el saber de profesionales, que ha dado lugar a un ejército de 24.000 profesores precarios, muchos con dedicación plena, sueldos pírricos y escasa esperanza de progreso profesional, que han sido la solución de muchos campus para no tener que cerrar tras los recortes.