El caso de los exdocentes que reclaman 200 millones a Educación llega al Supremo

El Alto Tribunal debe decidir si admite a trámite el recurso de Adostuz contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV). La sala de lo Contencioso-Administrativo decidió estimar un recurso del Gobierno vasco y tumbar el fallo de un juzgado de primera instancia de Vitoria, que obligaba al Ejecutivo autonómico a abonar las indemnizaciones. Consideraba la magistrada que la prima por jubilación era un «derecho consolidado».

Sin embargo, el Superior de Justicia señala ahora que los docentes no tienen derecho a cobrar la indemnización porque estaba congelada cuando accedieron a la prejubilación y así la han mantenido las sucesivas leyes de Presupuestos. «Los funcionarios que se jubilan en ejercicios presupuestarios en que los acuerdos reguladores están suspendidos no consolidan, no incorporan a su patrimonio jurídico derecho a indemnización alguna por la jubilación», señala el fallo emitido por el magistrado Luis Ángel Garrido, conocido por ser el azote del Gobierno vasco durante la pandemia al tumbar varias restricciones sanitarias.

El origen del conflicto se remonta a 2012. En plena crisis económica, el Gobierno liderado por el socialista Patxi López suspendió el pago de las primas por jubilación anticipada. La idea era favorecer el relevo generacional y, de paso, ahorrar a la Administración el pago de muchos trienios. El mecanismo comprometía al Ejecutivo a abonar un máximo de 18 mensualidades a los profesores que se retiran antes de cumplir 65 años.

Cuando amainó la crisis y la bonanza económica retornó a Euskadi, los docentes que se habían ido jubilando desde 2012 exigieron el dinero que les correspondería en virtud del convenio colectivo. Sin embargo, el Gobierno siempre se ha negado a ello, con el argumento de que no está obligado a hacerlo y que abonar el dinero de golpe sería una «irresponsabilidad» porque generaría un «agujero» en las Cuentas, en palabras del exconsejero de Hacienda Pedro Azpiazu.

Comenzó entonces un largo pulso que agotó la vía administrativa -los funcionarios están obligados a activarla en primera instancia cuando reclaman al Gobierno- y que se adentró después en la judicial. Adostuz presentó el primer recurso en 2019. El juzgado vitoriano les dio la razón. Ahora, el TSJPV se la ha quitado. La próxima parada es el Supremo, pero los docentes piensan acudir al Constitucional e incluso a Europa. «Es una cuestión de dignidad», resume su portavoz, Luisa Calvo.

«Hemos cumplido con nuestro trabajo. Hemos estado ahí a pesar de los cambios y de reformas que han provocado situaciones difíciles. Ahora reclamamos lo que es nuestro, fruto de la negociación colectiva, por nosotros y por los que vienen detrás», abunda Calvo, que lamenta el «cinismo» del Gobierno y la «desidia» de los sindicatos, a quienes afea «habernos apoyado de palabra pero no con hechos».

En paralelo a la judicial, la asociación quiere resucitar la vía política. En 2019, cuando PNV y PSE gobernaban en minoría, la oposición -EH Bildu, Elkarrekin Podemos y PP- unió sus votos para aprobar en el Parlamento una proposición no de ley que instaba al Gabinete Urkullu a abonar las primas. La iniciativa no era vinculante, así que el Gobierno la orilló. La oposición insistió y presentó una proposición de ley -esta sí era de obligado cumplimiento- que forzaba al Ejecutivo a abonar las primas. Pero el adelanto de las elecciones en 2020 impidió su aprobación. El tema no volvió a surgir en toda la legislatura pasada.

Ahora, Adostuz pretende volver a contactar con el PSE, socio de gobierno tanto en Euskadi como en Madrid. La idea de los exdocentes es conseguir algo parecido a lo que ha sucedido con la Ertzaintza. El Gobierno central ha transferido al vasco créditos por valor de 21 millones de euros en 2024 para financiar el coste de las jubilaciones anticipadas. El dinero, no obstante, no se utiliza para pagar indemnizaciones, cuestión que siguen reclamando sus sindicatos.