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Euskadi ha renunciado a casi once millones de euros provenientes de los fondos europeos de recuperación para la creación de 1.518 plazas públicas gratuitas del primer ciclo de Educación Infantil, que va desde los 0 a los 3 años. El Departamento de Educación argumenta ... que en el País Vasco «ya existe una oferta pública suficiente de plazas para atender prácticamente toda la demanda existente».
Así consta en una respuesta parlamentaria remitida por el consejero de Educación, Jokin Bildarratz, a la diputada de Elkarrekin Podemos-IU Isabel González. La diputada preguntaba al Departamento, entre otras cuestiones, las razones de tal renuncia y la cuantía de los fondos rechazados.
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El denominado Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno central contempla crear más de 60.000 nuevas plazas de titularidad pública en el primer ciclo de Infantil, preferentemente en las aulas de 1 y 2 años. Para ello se reservaron 331 millones de euros provenientes de Europa, tal y como se acordó en la conferencia sectorial de Educación en diciembre de 2021.
A Euskadi le correspondían 15.484.890 euros entre 2021 y 2023. El primer ejercicio recibiría 4.664.345 euros; el segundo, 7.689.743; y el tercero, 3.130.802. El compromiso era crear 506 plazas públicas dentro del Consorcio de Haurreskolak -participado por Gobierno vasco y los ayuntamientos- en cada ejercicio. El primer pago se llevó a cabo. Con ese monto, el Ejecutivo creó 73 plazas nuevas en 2022 y prevé 76 más este año y 34 en 2024 (183 en total).
En 2022, sin embargo, no llegó el dinero. La conferencia sectorial volvió a reunirse en diciembre de ese año. Y el acta de esa sesión recoge que «no se incluye a la Comunidad Autónoma del País Vasco al haber renunciado a los fondos del ejercicio 2022». En su respuesta a Podemos, Bildarratz explica que el Departamento se posicionó «en contra» del reparto de fondos propuesto «dada la falta de flexibilidad», ya que «sólo pueden ser destinados a crear nuevas plazas, proceso en el que se lleva muchos años invirtiendo en el ámbito de la escuela pública». A juicio del Gobierno vasco, lo sucedido «no se debe entender como una renuncia» a los fondos, «sino como una solicitud de habilitación en el marco de la vulnerabilidad y equidad para futuros ejercicios».
Hay que tener en cuenta que, a partir del curso que viene, la matrícula en las aulas del Consorcio Haurreskolak será gratuita. A ello se suma que el Gobierno vasco ha destinado 25 millones de euros para la concertación del primer ciclo de Infantil de la red privada-concertada con el objetivo de «consolidar la oferta existente».
Este curso el Consorcio ofertaba 8.632 plazas públicas. En septiembre se llenaron algo menos de la mitad, aunque la inscripción se mantiene abierta durante todo el curso, por lo que la cifra suele variar a lo largo del año. En cuanto a la red concertada, según el Departamento de Educación, en el curso 21-22 acogía a 11.119 niños y niñas en el primer ciclo de Infantil.
Los dos factores mencionados -la renuncia de dinero para crear plazas públicas y el incremento en la financiación de la concertada- han desatado las críticas de Podemos. Su portavoz, Miren Gorrotxategi, censura que las políticas del Departamento en este tiempo «van en la línea de fortalecer la red concertada», lo que «incumple» el espíritu del pacto educativo, que situaba a la red pública como eje.
«Tenemos la sensación de que lo que hace el Gobierno y lo que dice no coincide», abunda. Desde esa perspectiva, critica que se «rechace» dinero público mientras «gasta 25 millones de su bolsillo», lo que tacha de «despilfarro». Todas estas actuaciones, a su juicio, «responden a un modelo legítimo pero que no es el que se proclama». Un modelo que «limita el crecimiento de las plazas públicas mientras se favorece la oferta integral de la concertada desde los 0 años».
El sindicato Steilas se ha concentrado este miércoles frente al Parlamento vasco para exigir la «gratuidad incondicional» del Consorcio de Haurreskolak. En las últimas semanas ha tenido lugar la negociación para determinar el funcionamiento y las normas de inscripción de cara al curso que viene. La central sindical denuncia que se va a condicionar la matriculación «a la realidad laboral de padres y madres», se quieren «reducir» los horarios del servicio y que se va a «imponer» una fianza supeditada a una asistencia mínima. «Debemos ser un servicio público y universal, por lo que la gratuidad no puede basarse en una propuesta excluyente y limitativa», censura.
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