El elefante en el aula

Nuestro gasto educativo es insuficiente, pero más aún, es poco eficiente, ya que no resuelve sino que incrementa nuestros problemas de segregación educativa y bajos rendimientos escolares. Somos la comunidad que en mayor medida subvenciona la enseñanza privada según todos los indicadores, y sin embargo, no sólo no tenemos mayores rendimientos educativos que ellas (más bien, lo contrario), sino que todos los estudios sin excepción, nos sitúan entre las comunidades con mayor segregación por origen social, nacional y étnico.

Nuestro problema se incrementa por el descontrol que permite la duplicación de ingresos en algunos centros o los cobros indebidos a las familias. Unas cantidades que no guardan relación con su actividad educativa ni con su financiación pública. Porque hay que recordar que el centro que cobra (sin ninguna cobertura legal) 140 euros de cuota mensual a una familia recibe el mismo dinero público que el que cobra 40. Y que los hay que cobran esos 40 aun impartiendo sus clases en un edificio público sin justificación y en clara competencia desleal con el resto.

Y naturalmente que la Administración dispone de medios para «identificar el problema». No necesita el tiempo adicional que reclama el lehendakari. De hecho, todos los centros concertados han debido detallar antes del 30 de noviembre en el anexo III-B de su solicitud de concertación los ingresos que reciben por cuotas, que no pueden serlo nunca por «la impartición de enseñanzas» si disponen de concierto pleno.

Las prácticas irregulares de financiación forman parte de esos «factores clave de las dinámicas de segregación escolar y de estratificación social entre centros públicos y concertados» que señalan en el último informe de la Fundación Bofill sobre la educación concertada en España los profesores Zancajo, Verger y Fontdevila. Pero en Euskadi financiamos sin mirar, contribuyendo así a la inequidad del sistema y a su ineficiencia, como se puede observar cuando llegan a hacerse públicas las evaluaciones correspondientes.

No se trata de seguir financiando más para procurar que se cumpla la ley. Se trata de financiar mejor y de forma más controlada, poniendo el objetivo en mejorar los resultados de todo el alumnado sin excepción.