La futura Ley de Educación, cuyo contenido aún se desconoce, no contará con el plácet de ELA, el sindicato mayoritario en el sistema educativo si se tienen en cuenta la red pública y la concertada. La central considera que el Gobierno vasco, que todavía no ... ha remitido el anteproyecto de la norma al Parlamento vasco para su tramitación, «quiere introducir pequeños cambios para mantener el actual sistema».
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Así lo han manifestado este jueves Pello Igeregi, responsable de Negociación Colectiva, y Miren Zubizarreta, responsable de Educación del sindicato. En una comparecencia pública, han explicado que consideran que el Departamento que lidera Jokin Bildarratz «no garantiza el modelo de inmersión, el currículo vasco, la superación del reparto de redes y las condiciones laborales».
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ELA ha mantenido contactos con el Gobierno vasco a lo largo de los últimos meses en torno a los «contenidos» de la ley. Según la central, Lakua «se niega a acordar una hoja de ruta para superar el marco jurídico de la LOMLOE». A su juicio, es necesario poner en marcha una estrategia «de confrontación» con el Estado para diseñar un sistema educativo vasco propio, en el que las decisiones «se tomen aquí». «Sin combatir el marco estatal no habrá cambios profundos», ha censurado Igeregi, que ha calificado la postura del sindicato de «pragmática». Entre otras cuestiones, ha lamentado que la futura norma «no recogerá el modelo de inmersión» lingüística en euskera.
El sindicato, asegura, es «consciente» de que algunas de estas demandas «no tienen cabida en las competencias vascas», pero considera «imprescindible», al menos, «llegar a un acuerdo político sobre estas cuestiones y trabajar un frente consensuado para hacer frente a la imposición española y activar la sociedad». Con todo ello en mente, Igeregi no ha descartado impulsar huelgas y movilizaciones con el objetivo de «condicionar» la futura ley, cuyo trámite parlamentario debería arrancar en las próximas semanas.
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En el ámbito laboral, la central que lidera Mitxel Lakuntza cree que se deben «consolidar» los procedimientos de recolocación de la red concertada. También exige situar la temporalidad de los trabajadores por debajo del 8%, objetivo que «no se logrará con los procesos de estabilización en marcha». Según sus cálculos, quedará «entre el 30% y el 60%», dependiendo del colectivo. Desde esa perspectiva, considera necesario «un nuevo modelo de OPE». Además, solicitan pactar las garantías salariales en función del IPC.
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