La educación vasca afronta una «reconversión» con 2.000 puestos de trabajo en peligro

«Esta realidad, en otros sectores económicos, se llama reconversión. La pregunta es, ¿cómo lo vamos a afrontar?». Esta reflexión la pronunció Patxi Olabarria, director de estabilidad financiera de Ikastolen Elkartea, la patronal que aglutina a más de 60 ikastolas sólo en el País Vasco, durante su intervención en una reciente mesa redonda en torno a los retos de la educación vasca. El experto también cifró en 2.000 los puestos de trabajo que están amenazados en el sector educativo por la caída de la natalidad.

Blindar el empleo ha sido y es un asunto nuclear en las negociaciones sindicales. Una de las principales reivindicaciones de los sindicatos para convocar doce días de huelga en la escuela pública entre enero y febrero es, precisamente, «garantizar» los puestos de trabajo. Lo mismo sucedió en febrero del año pasado, cuando se firmó el acuerdo de fin de huelga en los colegios de iniciativa social. En el documento se acordó crear un mecanismo de recolocación del personal afectado por la bajada de la matrícula y se abogaba por «mantener el empleo».

Algunas opciones que se han planteado son la codocencia -es decir, aulas con dos profesores- o crear nuevas figuras para reforzar el euskera o la comprensión lectora, por ejemplo; teniendo en cuenta además que cada vez hay más alumnos de origen extranjero. Sin embargo, por el momento no se conocen grandes avances en este sentido.

Responder acertadamente a la pregunta planteada por Olabarria será la clave de bóveda de la política educativa vasca en el futuro inmediato. Ya han comenzado los primeros movimientos, con un goteo de fusiones de centros públicos durante los próximos cursos. En Bizkaia se van a juntar Virgen de la Guía y Maestro Zubeldia (Portugalete) y Txurdinaga y Pío Baroja (Bilbao). En Vitoria se van a fusionar Padre Obispo y Umandi ikastola; y en San Sebastián, Kattalin Erauso y Amara Berri, según el sindicato ELA.

En la misma mesa redonda en la que participó Olabarria, la consejera de Educación, Begoña Pedrosa, señaló que Euskadi se sitúa ante «un reto fundamental». Rechazó hablar de «cierre» de centros, aunque sí admitió que las fusiones «conllevan muchísimas tensiones». «Esto va a traer negociaciones y decisiones, y algunas pueden crear tensiones. Pero a medio-largo plazo debemos optar por lo mejor para nuestro alumnado». «Hablamos de calidad educativa, de tener proyectos sólidos, y, sobre todo, de cohesión social», subrayó la consejera, que presenta estas fusiones como una iniciativa también para «combatir la segregación escolar».

Esas «decisiones», fusionar centros públicos, ya han provocado el enfado de parte de la comunidad educativa. Los sindicatos acusan a la consejería de actuar «a escondidas», de forma «unilateral» y «desde una perspectiva puramente economicista». Las ampas también censuran que esta cuestión se esté llevando a cabo sin consultarles, pese a que los cambios en el mapa escolar deben analizarse en las comisiones de admisión, donde están representados familias y sindicatos.

El departamento, por tanto, ha comenzado a reorganizar el mapa escolar, al menos en lo que afecta a la escuela pública. Otra cosa es lo que suceda en la red concertada, donde estudia casi la mitad del alumnado. El proceso puede ser más complicado, porque entra en juego la titularidad de los colegios. Los 118 centros de Kristau Eskola, por ejemplo, son propiedad de 73 órdenes religiosas distintas, mientras que la mayoría de ikastolas son cooperativas de padres o docentes.

En una entrevista en este periódico, Pedrosa señaló que el departamento «puede acompañar y asesorar» en el proceso de cierre o fusión de centros concertados, «pero la decisión no compete a la Administración». Este planteamiento contrasta con el que expuso en la citada conferencia la directora general de Kristau Eskola, María Eugenia Iparragirre. La exsenadora del PNV señaló que «no será Kristau Eskola, sino las instituciones quienes deban tomar las decisiones» respecto a cerrar o fusionar centros. Son esas «negociaciones» a las que aludía la consejera, que «pueden crear tensiones».

Olabarria defendió afrontar todo este proceso como una «oportunidad» para «mejorar la calidad educativa». Pero, señaló, «la respuesta a la bajada de la natalidad y a las nuevas familias debe darse desde la equidad de los recursos». Y puso como ejemplo la diferencia en las ratios del alumnado entre las redes pública y concertada. En la escuela pública, las aulas del segundo ciclo de Infantil y Primaria pueden acoger como máximo 23 alumnos. En la ESO son 25 y en Bachillerato, 27. En la concertada, en cambio, las ratios máximas son de 25 alumnos en Infantil y Primaria; de 30 en la ESO; y de 35 en Bachiller.

¿En qué se traduce esto? Pues en que en la red pública con 24 alumnos en Primaria se abren dos aulas, mientras que en la concertada con 25 sólo existe una clase. «Nuestro impacto no va a ser el mismo», lamentó Olabarria.