Educación rebaja la tensión con las centros concertados tras el malestar por las matriculaciones

La reunión «de urgencia» fue solicitada por las patronales Kristau Eskola, Ikastolen Elkartea, Aice, Ikasgiltza, Ebi y Eib para «buscar cauces de solución para la situación creada». En torno a 240 familias no han podido matricular a sus hijos para el aula de dos años en el centro solicitado como primera y única opción. Son el 2,33% del total de solicitudes. El descontento se extiende a los centros escolares de ambas redes de enseñanza, que reclaman más detalles de cómo se ha aplicado el nuevo proceso de matriculación, que tiene como objetivo evitar la segregación escolar en Euskadi.

Ante esta situación, las partes se han reunido con el objetivo de que el Ejecutivo aporte «transparencia» en el proceso. Todas las fuentes consultadas por este periódico optan por la «discreción» pero confirman que se han aportado «nuevos datos» relativos a casos concretos de familias que se han visto afectadas por la normativa de admisión. El Gobierno vasco, por su parte, ha declinado hacer comentarios. Las patronales ahora «analizarán» la información aportada por la consejería. El día 20 se publican las listas definitivas de admisión.

La tensión se disparó la semana pasada cuando Ikastolen Elkartea amenazó con no cumplir la normativa de admisión. En un duro comunicado, la patronal, que cuenta con más de 60 centros educativos asociados, afirmó que no iba a derivar a otros colegios a los alumnos que hubiesen solicitado plaza en alguna de sus ikastolas. El consejero de Educación, Jokin Bildarratz, les advirtió de que esa competencia recae en su Departamento y añadió que el «órdago» de las ikastolas podía dejar a muchos estudiantes fuera del sistema educativo.

La principal novedad en la matrícula para el curso que viene es el establecimiento de un índice de vulnerabilidad, según el cual los colegios deben reservar un porcentaje de sus plazas para alumnos catalogados como vulnerables, ya sea por su origen o condición socioeconómica. Solamente se aplica en el aula de dos años.

En paralelo, Educación ha topado el número de plazas ofertadas por los centros. El objetivo es limitar la sobreoferta, ya que los expertos señalan este motivo como uno de los principales de la segregación del alumnado.