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El Departamento de Educación quiere evitar otra huelga en la enseñanza pública. LAB, Steilas, ELA y CC OO han convocado paros la próxima semana –martes, miércoles y jueves– y los días 1 y 2 de abril, que se sumarían a las diez jornadas de huelga que tuvieron lugar entre enero y febrero.
Las negociaciones se suceden sin que por el momento las partes hayan alcanzado un acuerdo para actualizar el convenio de los docentes –caducado desde 2010– y el del personal de cocina y limpieza –obsoleto desde 2009–. Tras la última reunión, la consejería que lidera Begoña Pedrosa ha difundido este miércoles un comunicado en el que señala que «es momento de centrarse en ultimar los detalles que permitan alcanzar un consenso y evitar situaciones que puedan frenar el proceso en su tramo final».
El Gobierno autonómico asegura haber presentado «una propuesta que atiende de manera clara y decidida las principales reivindicaciones sindicales». Entre ellas, la reducción de horas lectivas en Infantil, Primaria y Secundaria, refuerzo de recursos complementarios, plan de rejuvenecimiento de la plantilla y mejoras salariales para el profesorado.
«Esta oferta refleja el compromiso del Ejecutivo con la mejora de las condiciones laborales, siempre desde una gestión responsable y orientada a garantizar un sistema educativo de calidad», añade el departamento. Por todo ello, Educación confía en cerrar «un pacto beneficioso para toda la comunidad educativa en un plazo razonable».
Desde esta perspectiva, el Ejecutivo solicita a los sindicatos «la desconvocatoria» de la huelga, «ya que durante su desarrollo las negociaciones se interrumpen». «En este momento clave, mantener el diálogo abierto y sin interrupciones es fundamental para cerrar un acuerdo lo antes posible», señala el comunicado.
Los sindicatos registraron el martes la convocatoria de huelga. Sus exigencias son las mismas que hace meses. Entre ellas, aligerar la carga de trabajo, reducir las tareas burocráticas, más recursos para atender la diversidad del alumnado, rebajar el número de estudiantes por aula, consolidar y garantizar el empleo, mejorar las condiciones para la jubilación, recuperar el poder adquisitivo y garantizar la salud laboral, el euskera y la coeducación.
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