Educación inyecta 68 millones de euros a la concertada para equiparar salarios

Según ha podido saber este periódico tras consultar a fuentes del Ejecutivo autonómico, esta modificación de la ley de los presupuestos «se llevará al Parlamento lo antes posible para someterla a votación». Para conseguir ese propósito hacia la red concertada, el Gobierno vasco ha acordado con las patronales de esta red «unas subidas salariales que supondrían una inversión que rondaría los 68 millones de euros», tal y como han confirmado a este periódico las mismas fuentes.

Esta modificación, la primera decisión de calado en el nuevo Ejecutivo de Imanol Pradales, se está tramitando bajo la supervisión de Begoña Pedrosa y Noël d'Anjou, los nuevos consejeros de Educación y Hacienda, respectivamente. La nueva ley de Educación vasca, aprobada en diciembre de 2023, estuvo cimentada en gran parte en la idea de que aumentar la financiación de la concertada iba a suponer «la desaparición de las cuotas mensuales que cobran a las familias». Es decir, que todos los centros financiados con dinero público iban a ser gratuitos.

En un principio, la medida fue muy aplaudida por la opinión pública, aunque en los últimos meses ha habido una fuerte controversia social, especialmente entre las familias de los alumnos, porque aún se siguen cobrando cuotas y desde algunos centros de la concertada se señala al Gobierno vasco, «por no cumplir con la subvención acordada para el curso 23/24 para acometer, gradualmente, la reducción de cuotas».

En este sentido, el mes pasado se supo -mediante una respuesta parlamentaria- que el Gobierno vasco «ya ha activado los protocolos» correspondientes para garantizar la gratuidad de la educación en el País Vasco. El Ejecutivo, aseguraba Begoña Pedrosa en un documento oficial, «ya ha iniciado el proceso de activación de los mecanismos de auditoría y control necesarios para que la gratuidad de la enseñanza sea observada de acuerdo a los preceptos de la Ley 17/2023, del 21 de diciembre».

Igualmente, este mismo año trascendió, gracias a un informe de la prestigiosa institución académica Esade EcPol, que nueve de cada diez colegios concertados vascos cobran cuotas pese a que la ley lo impide desde hace más de cuarenta años. De media, cada centro pide 959 euros al año a las familias, algo menos de cien euros al mes. Y, al mismo tiempo, la red concertada vasca es la mejor financiada de España, tanto en números absolutos (el País Vasco es la comunidad que más invierte en Educación) como relativos; casi el 85% de los centros acaba el curso académico con superávit.