Educación invertirá 750 millones en infraestructuras para la red pública hasta 2030

La consejera, Begoña Pedrosa, ha comparecido este lunes a petición propia ante la comisión de Educación del Parlamento vasco para presentar las «líneas de trabajo» del I Plan Estratégico de la Escuela Pública Vasca, que se desarrollará entre 2025 y 2028 y todavía no está definido. Precisamente por eso, la consejera no ha aportado ningún dato concreto sobre en qué va a consistir, algo que le ha reprochado la oposición en bloque.

Por lo pronto, lo que el departamento ha hecho es reunir a 500 agentes de la escuela pública para recabar sus aportaciones. Se ha recogido ese material en diez ejes estratégicos que, a su vez, se articulan en torno a cuatro «grandes dimensiones», ha explicado Pedrosa: «la corresponsabilidad con el liderazgo pedagógico, la excelencia educativa, la equidad y cohesión social y la mejora continua».

La idea es que el plan sirva como «hoja de ruta» para la «transformación» de la escuela pública. Una suerte de marco general que luego cada colegio y escuela deberá «adaptar» a su contexto. El proceso debe darse «desde dentro», ha indicado la consejera, con el objetivo último de dotar a la red de una «identidad propia». En ese empeño, por ejemplo, se creará un «marco propio» para mejorar la formación del profesorado. La consejera ha recordado que ya se han consolidado más de 5.000 puestos de trabajo en los últimos años, un elemento fundamental para la mejora del sistema.

Los 750 millones de euros para infraestructuras están contemplados en una estrategia propia, Hezkuntza Eraiki 2030, cuyos detalles Pedrosa ha dicho que explicará en otra comparecencia en el futuro. Se sabe que se ejecutarán 250 intervenciones. En realidad esta inversión es algo que ya se anunció durante el proceso de aprobación de la Ley de Educación, y entonces se habló de 800 millones. En cualquier caso, la consejera ha esgrimido esta cifra para contrarrestar los reproches de la oposición por la última convocatoria de Hezkoop. Se trata de un paquete de inversiones por valor de más de 23 millones de euros durante los próximos cuatro años para centros concertados constituidos como fundaciones o cooperativas (la mayoría de colegios religiosos, por tanto, se quedan fuera de estas subvenciones).

La intervención de la consejera ha despertado las críticas de la oposición, que han censurado, entre otras cosas, la ausencia de un documento que concrete todas estas actuaciones. Tanto Bildu como Sumar y PP han cargado contra Pedrosa por no aportar «contenidos concretos» en su intervención, como un detalle de las infraestructuras previstas -Pedrosa sólo ha mencionado la cifra global-, qué papel van a jugar los comedores escolares, un calendario de actuaciones...

Ikoitz Arrese (EH Bildu) ha señalado que la huelga en la enseñanza pública es reflejo de un «malestar» y de que «algo pasa en la educación». Considera que «por su carga de trabajo, quizás los profesores no están sabiendo dar una respuesta a los profundos cambios» que se están dando en la educación. Por ello, ha abogado por analizar la bajada de ratios en las aulas, crear nuevas figuras educativas o alcanzar un pacto social contra la segregación escolar. Además, ha pedido, como en anteriores ocasiones, «definir bien» qué centros educativos prestan el servicio público vasco.

Por su parte, Muriel Larrea (PP) ha criticado que se haya hablado «en abstracto» porque «lo importante es concretar». Desde esta perspectiva, considera que un elemento a tener en cuenta en el plan estratégico es el modelo lingüístico. «No es lo mismo estudiar en euskera en Azkoitia o Laguardia, por eso es muy importante la flexibilidad del modelo educativo», ha subrayado. También ha solicitado abordar el refuerzo al alumnado con necesidades especiales.

Jon Hernández (Sumar) ha criticado la «falta de contenido» de la comparecencia de la consejera y también ha puesto «en duda» el proceso participativo puesto en marcha por el departamento. Asimismo, ha censurado que no se hayan mencionado otros aspectos que recogía el acuerdo educativo. El pacto, por ejemplo, hablaba de «ampliar el perímetro» de la red pública mediante la creación de nuevos colegios y más plazas.