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El Departamento de Educación «no encontró pruebas» de que el adolescente de 13 años hallado muerto en un acantilado de La Galea fuera ... víctima de acoso escolar en su centro aunque, a pesar de esa aparente falta de evidencias, abrió un protocolo, intervino y tomó medidas. La consejera Cristina Uriarte admitía este jueves la existencia de la denuncia por bullying de los padres del menor y que los servicios de Inspección conocían el caso y «actuaron». La familia del adolescente le había sacado del centro el pasado curso por el maltrato que soportaba por parte de de algunos compañeros.
Uriarte reconoció que en el anterior colegio en el que estudiaba -Jado de Erandio- «hubo una denuncia», pero «en principio parecía que no había pruebas de que hubiera acoso». A pesar de ello, Educación «puso en marcha el protocolo e intervino», como se hace, aclaró, «siempre, en caso de cualquier duda». La responsable educativa afirmó que se «tomaron medidas», aunque no precisó qué tipo de acciones. También recordó que durante este curso el menor no había tenido problemas en su nuevo colegio y había sacado buenas notas.
«Estamos ante un caso muy triste, una tragedia», dijo la consejera, que transmitió todo su apoyo y solidaridad a la familias del niño por parte del Gobierno vasco. Educación había eludido hasta este momento dar información sobre el caso, que salió a la luz tras ser hallado el cuerpo del niño el pasado lunes en el acantilado de Getxo, después de que sus padres denunciaran su desaparición la noche anterior.
La consejera, que respondía a preguntas de los medios tras una rueda de prensa de presentación de un plan de Educación, avanzó que el Departamento está «colaborando» con la investigación de la Ertzaintza. Pidió «dejar» que sea la Policía autonómica la que «determine las causas» que «pudieron provocar» que el pequeño acabara con su vida.
El colegio Jado de Erandio, en el que se habría producido el supuesto acoso, también se ofreció el pasado miércoles a colaborar en las pesquisas y aseguró que se habían activado todos los protocolos establecidos en caso de una denuncia de bullying. Las medidas no habrían atajado el maltrato, según la versión del entorno de la familia, que segura que el menor soportó una auténtica «tortura» durante años en su primer colegio, hasta el punto de que en la actualidad se encontraba en tratamiento psicológico.
Tanto el Departamento de Educación como los responsables del centro de enseñanza coinciden en que pusieron en marcha el protocolo oficial de actuación ante situaciones de acoso para mostrar que reaccionaron de forma correcta ante la denuncia de los padres. Es un documento del Gobierno vasco con instrucciones concretas a las que un centro debe ajustarse cuando un alumno, un profesor o la familia de un escolar denuncian una situación de bullying. Uno de los pasos clave en ese proceso es el nombramiento de un equipo de observación - con profesores, tutores y otros miembros del colegio en el que se denuncia el maltrato- para que lleven a cabo la investigación y comprueben si existe realmente esa situación de bullying.
El documento con las instrucciones de actuación fija lo que se considera acoso escolar: «es un comportamiento intencional, que pretenda provocar daño en la otra persona, que éste no sea capaz de defenderse por sí mismo y que exista una repetición en la agresión». Descarta acciones esporádicas y puntuales, como «peleas, bromas, riñas, vandalismo escolar, enfrentamientos, indisciplina...», que se tramitan por otras vías. Con la investigación de ese equipo interno de observadores, el centro decide si hay o no acoso y las medidas que se van a adoptar y elabora un informe que se remite a Inspección de Educación.
En el caso del menor fallecido en Getxo, ni Educación ni el colegio han aclarado si se determinó si hubo bullying o no, y las medidas que se tomaron. Las iniciativas que recoge la normativa del Gobierno vasco van desde hacer un seguimiento y protección de la víctima, a tener charlas con los acosadores en las tutorías, cambiarles de clase, asesorar a las familias o abrir un expediente al alumno, entre otras. En la inmensa mayoría de los casos es el acosado el que cambia de centro ya que Inspección, por norma general, no expulsa ni traslada a los agresores sino que prima las medidas educativas al considerar que el menor que comete el bullying también es una víctima.
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