Directores piden a Educación un «compromiso firme» con la escuela pública

«Tenemos muy claro que el futuro de la sociedad debe venir desde lo público, y para ello hay que dar pasos firmes en el ámbito político», han expuesto Saioa Landa, Josebe Azpiri y Josu Etxeburu durante su intervención ante la comisión de Educación para presentar sus alegaciones al documento. Por ello, han solicitado la elaboración de un plan estratégico específico para la red pública. «Hay que pasar de un posible ejercicio cosmético para la escuela pública a un diseño que suponga una transformación profunda», han subrayado.

Desde esa perspectiva, abogan por situar a la escuela pública como «eje» del Servicio Público Vasco de Educación -un concepto nuevo que agrupará a los centros públicos y privados, siempre que cumplan una serie de requisitos-. También han pedido «extender la educación pública, alejándose de la dicotomía entre público y privado».

Respecto al ámbito lingüístico, Heize rechaza el actual sistema de modelos, que califica de «segregador», y pide «dar un salto a un modelo generalizado» que ponga al euskera «al mismo nivel» que otros idiomas y que garantice a todos los estudiantes una «adecuada competencia en euskera». Un conocimiento que debería extenderse también a «todo» el profesorado.

Este lunes finalizan las comparecencias de los expertos para realizar sus aportaciones al proyecto de ley. También ha comparecido Save The Children, entidad que en los últimos años ha realizado grandes esfuerzos por poner encima de la mesa la lucha contra la segregación escolar (Euskadi es la comunidad que más segrega a su alumnado por su origen).

Su representante ante la comisión, Álvaro Ferrer, ha señalado que los instrumentos que contempla la ley para que el sistema educativo vasco sea más equitativo «no son suficientes». Si bien ha aplaudido los esfuerzos del Departamento por reducir la segregación escolar durante el proceso de matrícula, considera que la futura norma debe ser «más concreta y más clara».

Así, por ejemplo, celebra que se hayan puesto en marcha mecanismos como la reserva de plazas para alumnado vulnerable y la adjudicación a cada centro de un índice de vulnerabilidad. No obstante, Ferrer ha lamentado que se mantenga la «sobreoferta» de plazas; que no se aplique la doble lista para la admisión del alumnado; o que no haya una «participación» de la comunidad educativa en la toma de decisiones acerca del mapa escolar, entre otros aspectos. También ha censurado que la ley no sea «más concreta» en lo que se refiere a la garantía de gratuidad de la enseñanza y el fin del cobro de cuotas en los colegios concertados.