Arranca el curso con el reto de mejorar los malos resultados de los alumnos vascos y dudas por la nueva Selectividad

El más acuciante es la necesidad imperiosa de mejorar los resultados académicos obtenidos por los alumnos vascos. Las sucesivas Evaluaciones Diagnósticas, realizadas por el propio Departamento de Educación, así como exámenes externos, como el famoso Informe PISA, revelan una caída en el nivel de nuestros estudiantes. Baste un dato: más de la mitad de los escolares de 2º de ESO (13 y 14 años) no superan el nivel inicial de euskera, principal lengua de escolarización; y un tercio tampoco aprueban en lengua castellana.

Precisamente la mejora en el rendimiento académico es uno de los puntos que Iñigo Salaberria, presidente de Heize, la federación de directores de la escuela pública vasca, identifica como principales retos del curso. Junto a ello, señala la promoción del euskera (a través de una «estrategia compartida y consensuada»), la mejora de los procesos de evaluación, el desarrollo de la Ley de Educación, la reforma de la Selectividad y la introducción de la Inteligencia Artificial como otras de las claves que marcarán el año.

Pero vayamos por partes. La nueva consejera, Begoña Pedrosa, que ya fue 'número dos' del departamento durante la pasada legislatura, se comprometió a «fortalecer» las «competencias clave» en matemáticas, lectura y ciencias. ¿Y eso cómo se hace?

«De momento no sabemos nada», explica a este periódico Alfonso Blázquez, director del colegio Santa María, de Portugalete. «Se anunció un plan para reforzar las 'mates' y lectura, pero no hemos tenido más noticias», abunda. Considera que la consejería «sí tiene intención de hacer cosas» y que sus objetivos son «ambiciosos», pero lamenta la «falta de previsión». Pone un ejemplo: este año se va a implantar un nuevo plan lector, para lo cual se va a dar una formación de un mínimo de diez horas al profesorado. Pues bien, «no sabemos ni las fechas ni nada. El departamento tiene que entender que la planificación de un colegio se hace en mayo o junio, no con el curso empezado».

Cunde una sensación similar en lo que respecta a la reforma de la Selectividad. Se sabe que será una prueba menos memorística y que se va a cambiar la tipología de las preguntas. «Pero a los profesores nadie nos ha comunicado nada oficialmente, así que no sabemos cómo debemos adaptar el material», expone Tere Maldonado, veterana docente de Filosofía en varios centros. «Ni siquiera sabemos de quién depende que el nuevo modelo se ponga en marcha». A su juicio, es una «desconsideración con todo el mundo» que arranque el curso sin que se sepa exactamente cómo va a ser el examen. «Los alumnos son los más perjudicados», lamenta.

Hay, por otro lado, otras cuestiones que marcarán el año académico. Una es la implantación de la nueva FP, que abrirá sus puertas a trabajadores en activo y parados. Otra, el desarrollo de la Ley de Educación, aprobada el pasado mes de diciembre. Sin embargo, existen algunas dudas sobre la implantación de la normativa. Lurdes Imaz, coordinadora de Ehige, la federación de ampas de la red pública, señala que para diciembre tendría que crearse el Consejo de la Escuela Pública, «y todavía no sabemos nada». También falta por alcanzarse un pacto social contra la segregación escolar y debería desarrollarse un plan estratégico de la escuela pública. «¿En qué va a concretarse todo eso?», se pregunta.

Otros aspectos de la ley sí están ya preparados. Por ejemplo, la atención a la diversidad y la inclusión. En ese sentido, recuerda Mikel Mimentza, profesor en el instituto Burdinibarra, de Trapaga, este curso ya se implementará el nuevo protocolo de atención al alumnado trans. También se seguirá profundizando en el aprendizaje basado en competencias.

En el plano laboral, se ciernen dudas en torno a la red concertada, que vivió una huelga de trece días el pasado curso. Los sindicatos denuncian que las patronales aún no han cumplido el acuerdo de fin de huelga. El asunto está ahora en los tribunales. Entre los compromisos adquiridos figuran subidas salariales con efecto retroactivo desde 2021. El Gobierno vasco va a destinar 68 millones de euros a este fin, pero todavía no está cerrado.