Cruce de reproches entre Bildarratz y los sindicatos en el primer día de huelga en la escuela pública

El argumento esgrimido por Bildarratz es que este curso se han comenzado a implementar los acuerdos alcanzados con la mayoría sindical (los firmaron todos los sindicatos salvo ELA) en mayo de 2022. En virtud de aquel pacto, Educación ha incorporado 600 nuevos profesores en toda la red y otros 250 en Formación Profesional, se ha introducido el inglés desde el aula de tres años, se ha rebajado el número de alumnos por aula en Infantil, Primaria y Secundaria, se han puesto en marcha varias OPE para estabilizar la plantilla, el Consorcio de Haurreskolak es gratuito...

Un cúmulo de medidas, en definitiva, para «reforzar» la escuela pública, sostiene el consejero, que firmaron los sindicatos que ahora han convocado la huelga. «Lo que no puede ser es una cosa y la contraria», ha reprochado en la rueda de prensa posterior al consejo de gobierno. Una reunión en la que se ha aprobado el proyecto de ley de Presupuestos, que contempla un aumento de 190 millones de euros en Educación respecto a las Cuentas del año pasado y un aumento del 5,4% en gastos del personal educativo (el Gobierno costea también los salarios de los profesores de la red concertada). Por todo ello, Bildarratz considera que la denuncia sindical «no se sostiene» y ha mostrado su «rechazo» a que las reivindicaciones «afecten» a las aulas, los alumnos y las familias. «No es aceptable», ha criticado, antes de pedir a los sindicatos que «busquen otras formas» de plantear sus reclamaciones.

Las centrales, por su parte, instan al Gobierno a negociar una serie de contenidos, además de la actualización de los convenios. Entre ellos, medidas para aliviar las cargas de trabajo, recuperar el 20% del poder adquisitivo perdido en los últimos años, planes para la euskaldunización de los centros y para garantizar la salud laboral, reducir la temporalidad por debajo del 8%, «asumir la obligación de no realizar más privatización», planes de igualdad... También han interpelado a PNV y EH Bildu para que, en las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez, reivindiquen «poder decidir aquí» las condiciones laborales.

Los trabajadores han asegurado que el seguimiento de la huelga es del 55% y Educación lo ha rebajado al 22%. La plantilla la conforman casi 30.000 docentes. Los sindicatos, además, han criticado lo que consideran unos servicios mínimos «excesivos» que «coartan» el derecho a la huelga. El Gobierno vasco ha establecido que todos los colegios deberán contar en todo momento con un miembro del equipo directivo y otro de la plantilla de subalternos. Además, en Infantil y Primaria debe haber un profesor por cada cien alumnos. En la ESO, Bachillerato y FP, solamente debe haber un docente para toda la etapa. A los centros de educación especial debe acudir la mitad de la plantilla. En cuanto al personal de cocina y limpieza, los servicios mínimos son del 10% y del 50%, respectivamente.

Los convocantes de la huelga de este martes suman el 56% de la representación en la escuela pública. El otro 44% corresponde a LAB (que es el sindicato mayoritario), UGT e Interinok Taldea. No es casualidad que fueran estas tres centrales las que en junio firmaron con el Gobierno un acuerdo con medidas que afectaban tanto a los colegios concertados como a los públicos. Contemplaban, por ejemplo, reducir la temporalidad por debajo del 5% y blindar los puestos de trabajo en un contexto de crisis de la natalidad.

Aquel acuerdo soliviantó al resto de sindicatos, que exigieron a Educación llegar a acuerdos en las mesas de negociación y no utilizar otros foros (el pacto se rubricó en el santuario de Arantzazu, un escenario cargado de simbolismo). Desde entonces, las principales agrupaciones de trabajadores han entrado en un toma y daca de reproches y descalificaciones. En su comunicado de este martes, ELA, Steilas y CC OO, por ejemplo, critican que «los acuerdos suscritos en el contexto de la Ley de Educación tampoco responden a los cambios necesarios en nuestro sistema educativo». Una velada alusión al pacto de Arantzazu.

LAB es el único sindicato que no ha rechazado la Ley de Educación, que encara estas semanas la recta final para ser aprobada, previsiblemente, a finales de año. En este sentido, sigue la misma estrategia que EH Bildu, que ha señalado en varias ocasiones la importancia de esta ley, «estratégica» en términos de país. Elkarrekin Podemos-IU, al igual que ELA, Steilas y CC OO, en mayor o menor términos, rechaza el proyecto normativo porque entienden que no prioriza la red pública. Representantes de la coalición morada han estado presentes en la manifestación de este martes en Bilbao.

Estas diferencias, no obstante, no han impedido a los sindicatos ir juntos en la huelga de los colegios concertados, que vivieron la semana pasada tres días de paros en el marco de la negociación para renovar el convenio. En diciembre tendrán lugar cinco más.