La comunidad escolar de Scientia San Pedro denuncia el «abandono» de los docentes

Tras las «irregularidades» cometidas por sus gestores, el pasado mes de enero Educación retiró al colegio el concierto educativo (las ayudas públicas). Dejó de ser un centro concertado para ser uno privado, lo que le hizo perder todo su alumnado. Los profesores, sin embargo, mantienen su relación laboral con la empresa. El Gobierno vasco, que hasta ahora abonaba las nóminas del personal en pago delegado, se ha desentendido de su situación. La firma se resiste a cerrar el centro y tampoco despide a los trabajadores, que llevan sin cobrar, como mínimo, desde enero. Algunos, desde marzo de 2024.

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En este contexto, la antigua comunidad escolar ha acudido a arropar a los docentes en esta difícil situación. Según relatan varios padres y madres, el colegio, de pequeño tamaño y sólo un aula por curso, «era como una familia». «Conocían a cada alumno y cada familia por su nombre, había un componente personal que en otros colegios no existe», afirma una madre que prefiere no dar su nombre.

«Los alumnos echan de menos a los profesores», explica Nuria Pérez, madre de una niña de once años. Es algo que han notado los propios docentes. «Hace tres meses que no vemos a los críos, pero ha habido varios que en cuanto nos han visto han venido a darnos un abrazo», confiesa una docente con cerca de una década de experiencia. «Eso te hace pensar que al menos no has hecho las cosas mal como profesora, aunque ahora nos encontremos en esta situación tan complicada», dice, emocionada.

«Esto es una injusticia que se veía venir, y el Gobierno vasco es responsable», reprocha Pérez. Otros padres presentes en la conversación asienten. «Han dejado que la empresa -Scientia School S. L.- hiciera lo que le ha dado la gana». Ahora, «ni pagan a los profesores ni les echan, es como si estuvieran presos».

La empresa solicitó autorización al Gobierno vasco para ejecutar un ERE para toda la plantilla por causa de fuerza mayor, algo que Trabajo rechazó. Los trabajadores exigen negociar las condiciones de su salida o que se ejecuten los despidos por la vía ordinaria, con el finiquito correspondiente. «Hay gente que lleva aquí décadas, les deben decenas de miles de euros», explican fuentes sindicales.

El escenario es complicado. Algunos trabajadores han ganado los primeros juicios contra la empresa, pero los tribunales la han declarado insolvente, por lo que los costes del despido los asume el Fondo de Garantía Salarial, dependiente del Gobierno central. Algunos empleados no han aguantado la situación y han decidido marcharse sin cobrar su indemnización. Otros, en cambio, exigen «lo que nos corresponde». No pueden ir a trabajar a la red pública porque ésta exige exclusividad y tampoco se atreven a buscar trabajo por si les pudiera perjudicar en los juicios que tienen pendientes que, en algunos casos, no se celebrarán hasta diciembre.