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Más de 60.000 alumnos vascos de colegios concertados utilizan dispositivos electrónicos en su aprendizaje en el aula. Son principalmente ordenadores y tablets. Y aunque el Gobierno vasco impulsó una convocatoria de ayudas para la adquisición de esta tecnología en 2021 para los centros que ... no eran públicos, la práctica totalidad del gasto en la compra de estas herramientas digitales recae en las familias.
Uno de los problemas es que para los progenitores la elección del modelo de ordenador o tablet y la tienda o web concreta donde se encarga el dispositivo vienen ya determinados por la escuela. Y esto es algo irregular. Así lo asegura la Autoridad Vasca de la Competencia, un organismo adscrito al Gobierno vasco que vela por la transparencia del mercado en favor del consumidor y que tiene capacidad ejecutiva a la hora de imponer sanciones y multas. La institución ha emitido recientemente una resolución en la que advierte de que los centros concertados «deberían dejar la libertad de opción de adquirir por otro canal el dispositivo elegido o adquirir un dispositivo equivalente siempre que sirva a los mismos fines».
La recomendación lanzada por Competencia responde a una consulta realizada por un grupo de padres del colegio Andrés de Urdaneta (ubicado en Loiu) sobre la imposición desde la dirección de una tienda y modelo de ordenador concretos que tendrán que usar los alumnos de 3º y 4º de la ESO, así como en todo el Bachillerato. En este centro educativo se ha dado en las últimas semanas un conflicto relativamente agrio por este motivo. Un enfrentamiento que ha motivado el envío de varias circulares y la celebración de una reunión extraordinaria.
Según consta en el documento de Competencia, el grupo de padres que no estaba de acuerdo con el proceder del centro docente se puso en contacto con el organismo para reivindicar «nuestro derecho de adquirir libremente el ordenador u otro similar en el comercio que deseemos».
Aseguraban que Urdaneta «nos impone un aparato muy caro y que tiene una potencia excesiva para el uso que le van a dar nuestros hijos». El coste se acercaba a los 900 euros, una vez añadidos una serie de servicios a los 736 euros que el establecimiento elegido por el colegio cobraba por un portátil marca Acer (modelo TravelMate Spin P414RN de 14 pulgadas). Los padres iban más allá en su comunicación con Competencia al asegurar que esta situación «no solo es gravosa para las familias sino que levanta sospechas sobre la imparcialidad de esta actuación por parte del colegio».
En su descargo, el centro educativo elaboró una circular en la que justificaba la elección del tipo de computadora concreta y la tienda específica en la que adquirirlo. Según la resolución de Competencia, la dirección de Urdaneta fundamentaba su elección con el argumento de que «el dispositivo debe ser común para todos en cuanto que permite el control por parte del centro de los programas que se van a instalar, facilita su mantenimiento, hay repuestos en caso de averías y se genera la garantía por parte del colegio de su funcionamiento».
Para el organismo adscrito al Gobierno vasco este planteamiento no es válido, ya que considera que esas razones no están «suficientemente motivadas». Cree que no queda claro que esa opción aporte ventajas ni tampoco de qué tipo, ya sean «de potencia, rapidez, pedagógicas o de otra índole».
Además, advierte de que la propuesta del colegio «no parece que incluya una ventaja asociada, como pudiera ser la de un descuento por la adquisición masiva de unidades». De hecho, algunos padres aseguran haber encontrado el mismo ordenador más económico en otros portales web. Competencia insiste en que «el otorgamiento de una licencia en exclusiva a un único proveedor no es en absoluto deseable desde los principios que inspiran la libre competencia». Y concluye que la garantía de cualquier aparato cubre determinadas averías en los primeros tres años.
El escrito del organismo es una recomendación formulada tras una consulta (no una denuncia, que sí podría dar lugar a una investigación y una multa). No obstante, este planteamiento es extensible a todos los centros educativos que obligan a la adquisición de dispositivos de esta manera, aseguran las fuentes consultadas. El Departamento de Educación del Gobierno vasco asegura no conocer la resolución de Competencia, mientras que ni el colegio ni la patronal del sector han hecho valoraciones sobre el asunto a este diario.
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