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El conflicto laboral en el sector de los colegios concertados de iniciativa social encara desde mañana cuatro nuevas huelgas consecutivas, las primeras de las diez convocadas hasta mayo, y que sumarán un total de 24 días sin clase este curso. Desde los últimos paros ... de enero, patronal y sindicatos no han logrado acercar posturas a pesar de los encuentros que han mantenido, mientras crece la «preocupación» e «indignación» de las familias por la pérdida de horas lectiva.
La negociación está parada en el mismo punto desde hace meses: las centrales exigen subidas salariales y mejoras en las condiciones de trabajo que la patronal dice no poder asumir por falta de recursos. Los responsables de los centros dejan solo dos vías para alcanzar un pacto: o el Gobierno vasco incrementa la financiación de la red o las centrales hacen unas peticiones asumibles económicamente. Educación considera que es un conflicto laboral en el que no puede intervenir y aboga por la mediación de Trabajo.
Los representantes de las centrales en lucha, ELA, Steilas, CC OO, LAB y UGT, argumentan que «la nula voluntad mostrada por las patronales de centros de iniciativa social para llegar a acuerdos» no les deja «otra vía que endurecer nuestra dinámica de movilizaciones y huelgas». Piden una oferta «con contenidos», que dé una «respuesta adecuada a las reivindicaciones de los trabajadores y haciendo planteamientos que permitan llegar a acuerdos». Sus líneas rojas son recuperar el poder adquisitivo perdido en estos diez años sin convenio –cerca del 12%–, la recolocación de los trabajadores que se queden sin puesto por la caída de la natalidad y la reducción de carga de trabajo.
En las últimas semanas, patronal y sindicatos han pasado por el Parlamento vasco para explicar su postura sin que haya servido para impulsar el diálogo. Los padres hicieron un «llamamiento desesperado para que se ponga fin a las huelgas y no se consume esta catástrofe educativa». Pidieron a los partidos que impulsen medidas «efectivas» que saquen el grave enfrentamiento laboral de las aulas porque «está en riesgo la pérdida del curso y el futuro de los estudiantes que se examinan de Selectividad», expusieron.
Centros afectados. Los religiosos de Kristau Eskola, independientes de AICE, cooperativas de Ikasgiltza y centros Diocesanos
Alumnos. A los paros están llamados cerca de 9.000 trabajadores de colegios de iniciativa social, donde estudian 120.000 alumnos
Reivindicaciones sindicales. Recuperación del poder adquisitivo de los diez años sin convenio (cercano a un 12%), recolocación del personal afectado por el cierre de aulas ante la caída de la natalidad, reducción de la carga de trabajo, reconocimiento de 70 horas de trabajo personal y mejora de las condiciones laborales de los especialistas de apoyo educativo y personal de primer ciclo de Educación Infantil.
Kristau Eskola, mayoritaria en el sector, ha reclamado en estas últimas semanas a los sindicatos que «negocien y desconvoquen las huelgas», y al Gobierno vasco que actúe «como garante de todo el sistema educativo». Los responsables de los colegios religiosos reclaman «que la acción sindical se haga desde la responsabilidad y que no siga llevando la conflictividad a las aulas».
La última intervención ha sido del PSE este fin de semana, al exigir a patronal y sindicatos «que alcancen un acuerdo que permita desbloquear la situación y garantice el derecho a la educación del alumnado de la enseñanza concertada de Euskadi». Recordó que corresponde a la Administración velar por «el cumplimiento del concierto educativo» y la «programación académica» y trasladó su «apoyo» al alumnado y a las familias de los centros escolares de la red concertada ante esta nueva convocatoria de paros. Los socialistas alertaron de los efectos de la huelga, principalmente, entre el alumnado que finaliza el Bachillerato, ya que la calificación que obtengan en el curso será «de gran importancia a la hora de elegir su itinerario formativo».
Esa misma preocupación ha llevado a las familias a reclamar al Gobierno vasco un incremento de los servicios mínimos con el fin de que acudan a trabajar «el 50% de los profesores» de segundo curso de Bachillerato. También piden aumentar la presencia de maestros para garantizar la «seguridad» de los alumnos.
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