Las claves de la nueva Ley de Educación: modelo lingüístico, profesorado, alumnos vulnerables...

La Ley de Educación de la Comunidad Autónoma del País Vasco -así es como se llama- sustituye a la Ley de la Escuela Pública Vasca, que data de 1993, y nace con la vocación de perdurar durante las próximas décadas. Es una norma extensa: tiene una exposición de motivos, 101 artículos, siete disposiciones adicionales, una disposición derogatoria y dos disposiciones finales. Estas son las principales claves del texto.

La nueva ley regula tanto la red pública como la concertada, que son los colegios de titularidad privada financiados con fondos públicos. La ley educativa que ahora se deroga no contemplaba la red concertada, a pesar de que los alumnos vascos se reparten casi al 50% entre ambas. Euskadi, de hecho, es la comunidad autónoma en la que la red concertada tiene mayor peso. La mayoría son centros son religiosos o pertenecen a la red de ikastolas, aunque también hay cooperativas y colegios diocesanos, entre otros.

Se establecen una serie de requisitos para que se considere que un centro presta el Servicio Público Vasco de Educación (así, en mayúsculas) y, por tanto, pueda acceder a fondos públicos. Entre esas condiciones se sitúan «priorizar» el euskera en el recinto escolar, tanto dentro como fuera de las aulas, cumplir los objetivos lingüísticos establecidos y garantizar la laicidad o la libertad de género, entre otras.

La ley garantiza la gratuidad total de la enseñanza y establece que no se podrá obligar a las familias a pagar cuotas o realizar aportaciones económicas periódicas. Se trata de una práctica prohibida en la actualidad pero que está muy extendida entre los centros concertados. Las principales patronales han reconocido públicamente que no será posible acabar con las cuotas en el corto plazo porque consideran que la financiación que les aporta el Gobierno vasco no es suficiente.

Es el punto que más debate ha generado y la razón por la que EH Bildu ha votado en contra de la ley. En principio, los actuales modelos A (con el castellano como lengua vehicular), B (con euskera y castellano a partes iguales) y D (euskera como lengua principal) se mantienen. Fue una exigencia de última hora del PSE. Sin embargo, el consejero de Educación ha afirmado en varias ocasiones que los modelos pueden ser modificados en el futuro. En realidad, ya lo están en la práctica; cada vez más colegios, por ejemplo, han introducido el inglés como lengua de enseñanza. En cualquier caso, la ley aboga por un sistema «plurilingüe» que tenga al euskera como «eje».

Más allá de los modelos, el objetivo último es que todos los alumnos terminen Primaria con un nivel B1 en ambas lenguas oficiales y la ESO con un B2 (además de un B1 en otra lengua extranjera). Para ello, cada colegio deberá elaborar su propio proyecto lingüístico, atendiendo a la realidad sociolingüística de su entorno y de su alumnado. No es algo que vaya a suceder de la noche a la mañana. Los actores implicados hablan de un horizonte de unos doce años; es decir, cuando pase por el colegio una promoción entera. A día de hoy, cuatro de cada cinco alumnos no cumplirían estos objetivos, pese a que el modelo D es el más extendido.

Una de las claves para alcanzar esos objetivos lingüísticos será el papel del profesorado. A propuesta de EH Bildu, la ley impulsará que todos los docentes tengan un nivel C2 en euskera (se dice que «se promoverá la formación para alcanzar» ese nivel) y un C1 en inglés para los profesores que impartan esta asignatura.

La ley aboga por «una distribución equilibrada de la diversidad y de la vulnerabilidad entre todos los centros sostenidos con fondos públicos, a fin de evitar la segregación del alumnado por razones socioeconómicas o de otra naturaleza». En ese sentido, afirma que «todos los centros que presten el Servicio Público Vasco de Educación» (es decir, tanto públicos como concertados) «deberán reservar las plazas que determine el departamento». Este mecanismo ya se ha implantado por primera vez en la matrícula para el aula de 2 años de este curso y ha provocado tensiones en la comunidad educativa.

Queda prohibida para todos los centros sostenidos con fondos públicos, en línea con lo que contempla la LOMLOE, la ley estatal. Solamente había cinco colegios en Euskadi que escolarizaban a chicos y chicas por separado, todos ellos vinculados al Opus Dei. Sin embargo, desde este curso ya mezclan a niños y niñas en 1º de Primaria.

El Gobierno vasco «podrá ampliar la gratuidad desde los dos a los seis años». También se dice que fomentará el Consorcio Haurreskolak «como servicio público de oferta universal, de calidad y gratuita», algo que ya se ha logrado, ya que desde este curso las escuelas infantiles del consorcio son gratuitas con una serie de condiciones.

La norma habla de dotar a las direcciones de los centros de más autonomía y de profesionalizar los equipos directivos.

Se crearán consejos educativos municipales para que instituciones públicas como los ayuntamientos participen en los proyectos educativos de los centros.

El principal órgano asesor en materia educativa verá su composición reducida en un plazo máximo de dos años desde la entrada en vigor de la ley.

Se crean el Instituto para el Aprendizaje del Euskera y de las Lenguas -que fomentará el uso del euskera y se encargará de formar a los profesores para «reforzar su actitud, progreso e implicación lingüística»-, el Instituto de Evaluación, Investigación y Prospectiva de la Educación -un órgano de carácter técnico- y el Consejo de la Escuela Pública Vasca, que ejercerá de «interlocutor» de la escuela pública.

Instrumento jurídico y económico-financiero suscrito entre los centros y el departamento para definir condiciones de acceso al programa, metas y objetivos a cumplir, así como el presupuesto adjudicado al centro. El objetivo es evaluar el grado de cumplimiento de los colegios con los criterios exigidos para formar parte del Servicio Público Vasco de Educación.

Los centros que reciban fondos públicos solamente podrán ofrecer «el mínimo establecido por la ley orgánica» y «se garantizará que no haya adoctrinamiento».

El equipo docente podrá proponer a madres, padres, tutoras o tutores legales, en su caso, la incorporación del alumnado a un ciclo formativo de grado básico. Deberá tener en cuenta «la evolución de la digitalización y de la revolución tecnológica» y «atenderá a que el alumnado migrante obtenga un perfil profesional que le permita condiciones objetivas de empleabilidad, contribuyendo así a su inserción en la sociedad vasca y al desarrollo de su personalidad».