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Asociaciones de familias y direcciones de colegios culpan de la falta de salidas al grave conflicto en la red concertada a que «ni sindicatos, ni partidos políticos» defienden «sus interés», y a la «financiación insuficiente» del Gobierno vasco. «Estamos desprotegidos, no les preocupa ... que el sector de iniciativa social -la mayoría centros religiosos- se debilite, pierda alumnos y centros», censuran. Creen que les están «dejando caer», en medio de un escenario de reducción de matrículas por el desplome de la natalidad en el que la apuesta de todos los agentes es «por la escuela pública», mientras «LAB ha garantizado ya la paz laboral en las ikastolas concertadas». «Somos el sector huérfano», se definen.
El negro panorama de una huelga de un mes, con graves consecuencias, y el callejón sin salida en el que se encuentra la negociación ha hecho cundir la desesperación entre las víctimas de este conflicto: los colegios, familias y alumnos. «Al sector de iniciativa social no nos va a ayudar nadie. Los sindicatos ELA, LAB, Steilas y CC OO han mostrado abiertamente su defensa de la enseñanza pública y laica. Ninguna central comparte el ideario de las escuelas cristianas y el modelo de colegios concertados», lamenta Alfonso Blázquez, director del centro Santa María de Portugalete y que lidera una iniciativa para reclamar al Gobierno vasco que incremente la financiación del sector. Pone el ejemplo de LAB, «que ha firmado el convenio con las ikastolas porque es afín a su ideario de enseñanza en euskera y promoción de la cultura vasca».
Este director y docente argumenta que hace años, cuando había muchos niños, al Gobierno vasco «le éramos útiles para escolarizar a alumnos». Ahora, con el caída de las matrículas, «ya no hacemos falta» y Educación se preocupa «por el futuro de sus centros, que son los públicos».
En la petición que ha realizado de forma oficial al Gobierno vasco -a la que se han sumado ya otras direcciones-, denuncia que se está «incumpliendo» el decreto que regula los conciertos educativos. «Dice claramente que el concierto obliga al titular del colegio a impartir de forma totalmente gratuita las enseñanzas». Blázquez argumenta que el Ejecutivo autónomo solo cubre poco más del 70% de los gastos de la red concertada, lo que impide «que, tal como se comprometía el Decreto de 1987, nuestra oferta educativa sea gratuita y haga necesarias las aportaciones económicas de las familias», censura en el documento que ha enviado al Departamento de Educación.
Las asociaciones de padres de alumnos de Kristau Eskola, Diocesanas e independientes de AICE coinciden en responsabilizar de la complicada situación de este sector educativo a la falta de una financiación pública suficiente y de respaldo sindical a su modelo educativo. «Pero tampoco tenemos apoyo de los partidos políticos. Tanto PSE, como Podemos o EH Bildu han mostrado abiertamente que apuestan por un sistema publico y laico. Sólo tenemos el respaldo del PP, pero no tiene fuerza», censura el responsable de las agrupaciones de familias de colegios diocesanos, Aitor Mujika.
Padres y direcciones de colegios: «Las centrales utilizan el Metal, las residencias y los colegios de iniciativa social para sus batallas»
Los colectivos de familias de la red concertada censuran que los sindicatos han puesto encima de la mesa reclamaciones «inasumibles» con las que impiden el acuerdo. «No puede ser que pidan ganar sueldos por encima de los profesores que son funcionarios. No se lo van a conceder nunca, porque si lo hacen se les echaría encima la escuela pública», añade Mujika. Considera, además, que detrás de los movimientos de las centrales hay una estrategia política. «Han tomado el sector del Metal, las residencias y la red de enseñanza concertada para atacar al Gobierno vasco y ganar una batalla. No les importa el daño que puedan hacer a nuestro sector», censura.
«Y van a caer los colegios más pequeños, los que están en una situación más complicada», asegura Miriam González, portavoz de los padres de alumnos de centros religiosos de Kristau Eskola. No entiende que el Gobierno vasco «no haga nada» ante la convocatoria de un mes de huelga, que «no defienda el derecho a la Educación de un sector que atiende a más de 100.000 alumnos vascos». Las familias han iniciado una recogida de firmas en Change.Org para reclamar al Ejecutivo autónomo que se implique en la solución del grave enfrentamiento laboral y que llevaba ayer más de 10.700 apoyos.
La consejera de Educación, Cristina Uriarte, censuró ayer la convocatoria de un mes de huelga por ser «desproporcionada y un sinsentido». «No se puede dejar a los niños ni a las familias ni a los colegios sin un mes de clase», denunció Uriarte, que recordó que el Gobierno vasco ha hecho algunas propuestas para dar salida a este enfrentamiento laboral, como el plan de recolocación de docentes que se queden en paro.
La responsable de la enseñanza en Euskadi mostró la disposición de su departamento a acudir a una reunión con los sindicatos y la patronal si deciden pedir la mediación del Consejo de Relaciones Laborales (CRL). «La mediación es una herramienta que ha estado encima de la mesa. Hasta ahora las dos partes no han sido capaces de encontrar una solución al conflicto. Si el CRL nos convoca iremos porque hay que dar una salida a esta situación», resaltó.
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