Celaá tranquiliza a la red concertada pero no se desdice

Celaá tiró entonces de experiencia para tratar de enfriar la polémica - visto el silencio del PSOE en este tema, al partido no le interesa ahora abrir un frente en materia educativa- pero sin recular. Sin admitir un error que ella no considera tal, sobre todo porque esa misma reflexión, con otras palabras, la ha defendido repetidamente desde que fuera consejera de Educación del Gobierno vasco de Patxi López.

Así que Celaá insistió en que «hay que diferenciar lo que es un derecho constitucional de lo que es un derecho legal». La elección de un colegio concreto, razonó, está sujeto a factores como «el espacio disponible» (las plazas) o la zona de residencia. «Si fuese un derecho constitucional, las familias podrían acudir a los tribunales cuando sus hijos no son admitidos. Todas podrían pedir un único centro y existiría la obligación de que fuesen admitidos».

Calificó además lo sucedido de «controversia artificial», aunque la ministra tal vez no calibró, como reconocieron fuentes del Gobierno, que el jueves hablaba en el Congreso de Escuelas Católicas ante más de 2.000 responsables de estos centros concertados y que lo hacía 48 horas después del acuerdo de coalición de su partido con Unidas Podemos.

Tras dejar claro que mantenía sus palabras, la ministra quiso rebajar la tensión para tratar de sofocar el incendio. «Las familias no tienen nada que temer. El sector puede estar tranquilo. No existe ningún plan para revisión de nada», aseguró. «Puede estar tranquilo el sector porque llevamos gestionándolo 30 años y no hay ninguna razón para esta controversia exagerada», insistió, al tiempo que recordaba que la red concertada nació en los años ochenta bajo el Gobierno socialista de Felipe González. La ministra asumió además que los padres tienen «libertad de elegir un centro educativo, libertad de elegirlo dentro de las disponibilidades de la programación general de la enseñanza».

Pese a estas explicaciones, el PP anunció una «ofensiva parlamentaria» en defensa de la libertad educativa por considerar que la ministra «atacó directamente a la educación concertada». Anunció que presentarán mociones en el Congreso, Senado y todos los parlamentos autonómicos y ayuntamientos.