Los cambios que supone la 'ley Celaá' en el sistema educativo

El Pleno del Congreso ha aprobado este jueves el dictamen de la Comisión de Educación y FP sobre la LOMLOE, la reforma educativa también conocida como 'Ley Celaá', con los votos a favor del PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV y Más País. Pero, ¿en qué consiste esta nueva reforma? ¿qué cambios conlleva?

La futura ley, parte de cuyo contenido se quiere ya aplicar en el curso 2021-2022, contiene medidas para convertir la repetición de curso en algo «excepcional» y para aumentar el porcentaje de alumnos que logra un título y prosigue estudios, tanto en la educación obligatoria (ESO) como en la secundaria superior (Bachillerato y FP).

Las evaluaciones en Primaria se harán cada dos años y no cada curso; solo se podrá repetir dos veces en toda la educación obligatoria -hasta ahora eran una en Primaria y dos en la ESO-; abre la puerta a promocionar en la ESO sin un límite de suspensos siempre que lo acuerde el equipo docente; será obligado que el repetidor tenga un plan de refuerzo personalizado; y el Bachillerato podrá cursarse en tres años.

Se liquidan las reválidas, termina con los itinerarios que la Lomce fijaba en la ESO (por lo que habrá un título único, para todos los que superen cuarto o la FP Básica, válido para seguir en el instituto o en FP); el Bachillerato se podrá lograr con un suspenso; y habrá mayor facilidad de acceso a la FP media.

La red pública se convertirá en el eje de la educación en detrimento de la concertada. Se elimina la «demanda social» de la Lomce, que permitía a la concertada aumentar plazas y centros a petición de los padres; no se cederán terrenos públicos para colegios privados; se potenciará la creación de plazas públicas; se controlará la exigencia de cuotas obligatorias; en el proceso de admisión se terminará con el distrito único y se primará la cercanía, la renta y la presencia de hermanos; se pretende evitar la segregación con el reparto equilibrado de alumnos con necesidades de apoyo educativo -niños con discapacidad, vulnerabilidad económica o extranjeros-; y se prohibirá el concierto con centros que separen por sexo.

La norma elimina el calificativo del castellano como lengua «vehicular» de la enseñanza; permite a las autonomías fijar entre el 50% y el 60% del currículo; deja a la Religión sin valor académico y sin asignatura alternativa; y tanto en Primaria como en ESO habrá un curso en el que se impartirá una nueva materia: Educación en Valores Cívicos y Éticos.

La Historia de la Filosofía volverá a ser obligatoria en segundo de Bachillerato; el Gobierno y las autonomías fijarán por ley los requisitos de la educación de 0 a 3 años; se aligerarán los currículos; se diseñará junto a las autonomías un plan para que en 10 años la mayoría de alumnos con discapacidad estén en centros ordinarios; y en un año se elaborará un conjunto de normas para cambiar la formación inicial y permanente del profesorado.

Es una de las cuestiones que más polemica ha generado. El castellano deja de figurar como lengua vehicular de la enseñanza y como lengua oficial del Estado. Las administraciones garantizarán el derecho a recibir enseñanzas en castellano y en lenguas cooficiales para alcanzar un dominio pleno y equivalente.

Por otra parte, la asignatura de Lengua Cooficial y Literatura pasa a llamarse Lengua Propia y Literatura.

Elimina la «demanda social» para abrir nuevos centros o aumentar plazas. No podrán percibir cuotas de las familias por recibir las enseñanzas de carácter gratuito ni imponer aportaciones a fundaciones o asociaciones.

En diez años los centros ordinarios deberán tener recursos para atender alumnado con discapacidad. Las administraciones prestarán apoyo a los centros de Educación Especial para alumnos que requieren atención muy especializada.

Los alumnos pasarán de curso cuando el equipo docente lo considere y también con una o dos materias suspensas. Repetir será excepcional y el alumno solo podrá hacerlo dos veces como máximo a lo largo de Primaria y Secundaria.

Aumento de las plazas públicas 0-3 años. Promover la existencia de centros públicos que incorporen Infantil con otras etapas educativas.

Los centros sostenidos parcial o totalmente con fondos públicos no separarán al alumnado por su género.

Los alumnos deberán adquirir un conocimiento profundo de la historia de la democracia en España. Deberá plantearse desde una perspectiva de género.

Fomentar de manera transversal la educación para la salud, incluida la afectivo-sexual, desde Primaria.

Impulsar el incremento de alumnas en ciencias, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas, y promoverán la presencia de alumnado masculino en estudios con notoria mayor matrícula de mujeres.

En el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de la ley, el Gobierno hará una propuesta normativa que regule la formación inicial y permanente, el acceso y el desarrollo a la profesional docente. Los docentes que muestren una manifiesta falta de condiciones para ocupar un puesto o una notoria falta de rendimiento podrán ser removidos de su puesto.

Se podrá hacer en tres años y también se contempla la posibilidad de que el equipo docente decida la obtención del título por el alumno que haya superado las materias salvo una.