La situación de conflictividad en la enseñanza concertada vasca preocupa al Gobierno. El consejero del ramo, Jokin Bildarratz, ha advertido este lunes de que las consecuencias de los cinco días consecutivos de huelga convocados para esta semana pueden ser «muy perjudiciales» para los alumnos, teniendo ... en cuenta, además, que los paros llegan tras un largo puente. Bildarratz ha instado a las partes a «dialogar, negociar y acordar».
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El dirigente nacionalista se ha referido, de esta manera, en una entrevista concedida a Euskadi Irratia, recogida por Europa Press, a la huelga convocada por los sindicatos ELA, Steilas, CC OO, LAB y UGT en los denominados centros de iniciativa social. Son unos 200 colegios concertados, la mayoría religiosos, en los que estudian unos 130.000 alumnos y que emplean a 9.000 trabajadores.
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«A las dos partes les lanzamos el mismo mensaje, que es diálogo, un diálogo leal y discreto, y con esa fórmula y voluntad para negociar, creo que siempre es posible llegar a un acuerdo. Habiendo a corto plazo vacaciones de Navidad, incluso deberían usar esos días para lograr un amplio acuerdo cuanto antes, porque las consecuencias pueden ser muy perjudiciales para los alumnos», ha insistido Bildarratz.
Los sindicatos han congregado a miles de personas en los piquetes y las manifestaciones que, a media mañana, han recorrido las calles de las tres capitales vascas. Han cifrado el seguimiento en torno al 70%, una cifra muy similar a la registrada en los paros de octubre. La principal patronal, Kristau Eskola, ha rebajado el dato al 22%. El territorio más afectado, no obstante, ha sido Bizkaia.
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La de esta semana es la tercera tanda de paros convocados por los sindicatos. La primera jornada de huelga tuvo lugar en abril. En octubre se convocaron otros tres días. Los sindicatos no descartan más movilizaciones a partir de enero si no reciben una «propuesta de contenidos» por parte de las dos patronales implicadas, Kristau Eskola y Aice-Izea. En un comunicado, los colegios religiosos lamentan la «postura infranqueable» de las centrales sindicales y señalan que «no han percibido actitud propositiva de diálogo».
A grandes rasgos, las centrales reclaman medidas para aliviar la carga de trabajo, mejoras para los sectores «más feminizados y precarizados», la actualización de los salarios de acuerdo con el IPC, el mantenimiento de los puestos de trabajo ante la caída de la natalidad, mejorar las condiciones en la Formación Profesional, cambios en la contratación temporal y en la fija discontinua y algunas condiciones relacionadas con la salud laboral. También exigen planes de euskera para toda la plantilla, incluido el personal no docente, y planes de igualdad. Kristau Eskola, por su parte, pone el acento en la necesidad de «configurar alternativas que garanticen tanto el mantenimiento de los puestos de trabajo como la sostenibilidad de los centros, habida cuenta de que ambos objetivos son inseparables», y más en un contexto de bajada de natalidad.
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Trabajadores y patronales están negociando la actualización del convenio colectivo que regula las condiciones de 9.000 trabajadores. El convenio es trienal y lleva caducado desde 2021, por lo que el que se está discutiendo ahora mismo estaría en vigor entre 2021 y 2024; es decir, que para cuando se llegue a un acuerdo, si se alcanza, prácticamente se tendrá que empezar a negociar el siguiente.
Las posturas están muy alejadas y los trabajadores incluso han solicitado la mediación del departamento de Educación. La semana pasada tuvieron una primera reunión pero el consejero ha explicado este lunes que, por el momento, no van a adoptar ese rol, ya que la negociación compete a patronales y sindicatos. Las centrales, en cambio, consideran que Educación «tiene mucho que decir», toda vez que el Gobierno abona parte del salario de los profesores, entre otros aspectos, a través de los conciertos económicos. El Ejecutivo ya medió en la anterior negociación, que se alargó durante tres años y se cerró tras 29 días de huelga. En aquella ocasión, el convenio estuvo sin renovar durante 10 años.
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Los colegios permanecerán abiertos para que puedan acudir tanto los alumnos como los profesionales que decidan no secundar la huelga. El Gobierno vasco establece unos servicios mínimos obligatorios. En todo momento deberá haber una persona del equipo directivo y otra de la plantilla de subalternos durante toda la jornada. Además, habrá un profesor por cada cien alumnos en las etapas de Infantil y Primaria. En ESO, Bachillerato y Formación Profesional la orden del departamento de Trabajo únicamente exige que haya un profesor, independientemente del tamaño del colegio.
Por otro lado, el consejero se ha referido a los pobres resultados obtenidos por los alumnos vascos de 15 años en la última edición del informe PISA. Bildarratz ha recordado que los estudiantes sufrieron tres años de pandemia y medidas sanitarias. Una «situación de excepción» cuya influencia quedó reflejada en un bajón generalizado en el rendimiento académico en todo el mundo. En cualquier caso, ha señalado que «hay que examinar» los datos.
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Más allá del informe educativo más prestigioso a nivel internacional, los datos internos del departamento reflejan una tendencia a la baja en el nivel académicos de los estudiantes de Secundaria desde hace una década en la mayoría de competencias analizadas. Cada vez hay menos estudiantes en niveles de excelencia y cada vez más en los niveles iniciales. Sin embargo, Bildarratz ha señalado que «el grupo de en medio, el de la equidad», también ha aumentado, lo que revela, a su juicio, que «nuestro sistema educativo es cada vez más equitativo.
En cualquier caso, y para revertir la tendencia negativa, ha apelado a la nueva Ley de Educación, que el Parlamento vasco aprobará la semana que viene con el único respaldo de los partidos del Gobierno. La norma contempla medidas contra la segregación escolar, la profesionalización de los equipos directivos y una mayor participación de los ayuntamientos en el día a día de los colegios, entre otros,. Son instrumentos que «no pueden cambiar el sistema en dos días», ha indicado el consejero, pero sí en el medio plazo, «en doce años».
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