La amenaza de multas a firmas de transporte escolar complica el inicio de curso

Distintos operadores, que hablan bajo condición de anonimato, no lo tienen tan claro. «Es muy difícil trabajar en esas condiciones», explica un empresario, propietario de una compañía de pequeño tamaño expedientada. «La multa es como una especie de espada de Damocles. A mí si me sancionan igual me obligan a cerrar. ¿Quién puede trabajar así?», se cuestiona. «No tengo seguridad».

Tras una primera investigación, los instructores han determinado que las compañías incurrieron en septiembre del año pasado en un delito de «boicot a terceros» con el que «coaccionaron» al Gobierno vasco al dejar desiertas las ofertas para cubrir las rutas escolares y obtener así condiciones más favorables en la licitación. Una conducta «contraria a la libre competencia» que podría acarrear sanciones «muy graves».

Además de las firmas, hay cinco asociaciones del sector que también han sido expedientadas. Anetra, que tiene presencia en todo el país y cuenta con 22 afiliados en Euskadi, es una de ellas y considera «indignante» su inclusión en el expediente. Según explica una portavoz a este periódico, su papel se limitó a hacer de «intermediario» entre sus representados y la Administración. Asegura que presentaron recursos contra los pliegos de contratación en aquellos casos que consideraban que «perjudicaban» los intereses de las empresas, al igual que hacen en Valencia, Madrid...

«No tenemos intención de boicotear los pliegos, sino de mejorarlos. Si esa labor la consideran un boicot, ¿qué razón de ser tenemos?», se pregunta. El hecho de no presentarse a las ofertas, expone, corresponde a las empresas a título particular. La asociación prepara en estos momentos alegaciones a las graves acusaciones de Competencia.

Direbus Gipuzkoa, por su parte, asegura estar «muy tranquila». Un portavoz afirma haber sido «transparentes» y sostiene que se ha enviado al departamento cuanta información les ha requerido. Recuerda, además, que, tras quedar inicialmente desiertos muchos lotes en este territorio, la inmensa mayoría de rutas (un 97%) acabaron siendo cubiertas sin que Educación tuviese que obligar a los transportistas a prestar el servicio, como sí sucedió en Bizkaia y Álava. «No nos gusta aparecer en el expediente», afirma. «Pero estamos muy tranquilos con nuestra actitud hacia nuestros asociados y hacia la Administración», zanja.