Los alumnos de la concertada han perdido hasta ahora el 15% de las horas lectivas

En el actual año académico, los alumnos han padecido ya trece jornadas de huelga. Son cerca de 80 horas lectivas perdidas, aproximadamente el 15% de las que llevamos de curso. O, dicho de otro modo, el equivalente a una hora de clase al día. ¿Es mucho o poco? Depende de a quién se le pregunte. Para las familias es mucho, demasiado. Sobre todo para quien tenga hijos en 2º de Bachillerato, que en junio se enfrentarán a la Selectividad, o en FP, que en unas semanas se incorporan a sus respectivas empresas. Hay quien sostiene, sin embargo, que el impacto todavía es reversible y que con un arreón en lo que queda de año escolar los alumnos podrán recuperar la materia perdida.

¿Y eso cómo se hace? Aparte de que supondría un esfuerzo extra para una plantilla que pide a gritos un alivio en su carga de trabajo, probablemente los centros deban explorar fórmulas para recuperar horas. En el anterior conflicto, algunos colegios suspendieron excursiones o salidas culturales de varios días -en los que se adquieren otro tipo de competencias- para recuperar materia.

Este es el escenario. Pero podría recrudecerse. En febrero hay convocadas otras cinco jornadas de huelga. Si no se alcanza antes una solución, los alumnos estarán algo más de tres meses sin tener dos semanas seguidas de clase. La última vez que sucedió fue entre el 20 de noviembre y el 1 de diciembre. La siguiente sería entre el 26 de febrero y el 8 de marzo. Y eso si el conflicto no se enquista y se llama a los 9.000 trabajadores afectados a secundar más paros.

Es una opción que no se puede descartar. Hoy por hoy, no hay previstas reuniones a corto plazo para tratar de encauzar la situación. La pregunta es ¿qué está pasando en la escuela concertada? Para tratar de responder a una cuestión con múltiples aristas, EL CORREO ha sondeado a una quincena de actores directamente involucrados: profesores, familias, directores, patronal y sindicatos. El Gobierno vasco ha preferido no realizar declaraciones.

Las partes están enfrentadas. La patronal acusa a los sindicatos de utilizar a los alumnos como rehenes. Los trabajadores reprochan a la empresa que negocie sólo cuando se producen las movilizaciones. Según las fuentes consultadas, el conflicto está encallado en dos puntos. Porque no es un tema -sólo- de dinero. «Aquí nadie se queja de lo que cobra», señala Julen Llanos, responsable de CC OO Irakaskuntza y trabajador del sector. La principal patronal, Kristau Eskola, de la mano del Gobierno, ha propuesto una subida salarial este año del 13% y que en 2027 los trabajadores cobren lo mismo que los de la pública. Pero lo que quieren los profesores es reducir la carga de trabajo. Un docente de la ESO de la concertada da cuatro horas más de clase a la semana que uno de la pública. Y la ratio (el número de alumnos por aula) es menor en los centros públicos. También es cierto que los profesores de la pública aprueban una oposición que no existe en el ámbito privado. Fuentes con conocimiento de las negociaciones aseguran que la homologación de las condiciones de trabajo no está sobre la mesa.

Los empleados de la concertada, además, denuncian que las horas de trabajo no lectivas que pasan en el centro las dedican, cada vez más, a rellenar papeles, a protocolos, a recibir constante formación («no hemos acabado una y ya estamos con otra»)... La preparación de clases, el diseño de unidades didácticas, la corrección de exámenes, poner notas, etc., «todo eso se lleva para casa», resume Llanos. Por eso, censuran que el debate «es falso y sólo busca desviar la atención».

«Nunca habíamos tenido tanta carga de trabajo. Y el perfil del alumnado ha cambiado mucho. No tenemos tiempo para atender tanta diversidad, y eso me enfada», expresa una profesional con 27 años de experiencia en el sector. «A nadie le preocupa más que a nosotros que los alumnos pierdan clase», apunta Iñaki Aguirre, profesor de ESO y Bachillerato. «Pero eso no es más que un reflejo más de que la situación no está bien», lamenta. «Los claustros están desbordados».

El segundo aspecto en el que chocan las partes es cómo afrontar la caída de la natalidad. Es un tema que preocupa. Y mucho. El cálculo es sencillo. Desde 2012, la Educación Infantil ha perdido 20.000 alumnos. Una profesora de Primaria pone el ejemplo de su colegio: «El año pasado empezamos con dos aulas en un determinado curso. A mitad de año, se nos fue un alumno. Cuando el Gobierno hizo una revisión, nos cerró un aula porque no llegábamos al mínimo de estudiantes y un trabajador se fue a la calle».

Hace algo más de cuatro años, cuando se puso punto y final a 29 días de huelga con la actualización de un convenio que llevaba una década caducado, sindicatos y patronal acordaron una especie de bolsa de trabajo común para todos los centros de Kristau Eskola. Pese a la crisis demográfica, los trabajadores calculan que el ritmo de jubilaciones es mayor que la pérdida de niños y que este mecanismo de recolocación es viable. Por eso, quieren blindar el instrumento en el nuevo convenio.

María Eugenia Iparragirre, directora general de Kristau Eskola, censura que «no se puede hacer creer que todo es posible». Si se accede a la reducción horaria, habría que contratar a más profesores a los que habría que despedir pasado mañana por la falta de niños. «Estaríamos engordando un problema a futuro», señala. Los sindicatos responden que eso son «futuribles». Quieren mejoras ya.

Los trabajadores también recuerdan que la concertada tiene más dinero que nunca. Este curso, el Gobierno vasco otorgó 816 millones a la red, un 20% más que el año previo. Sin embargo, recuerda la patronal, ese dinero tiene un carácter finalista. Por un lado, está destinado a la reducción de cuotas. Por otro, este curso se han concertado por primera vez las aulas de dos años, lo que absorbe buena parte del incremento. Además, hay que tener en cuenta, dice, que desde 2009 hasta 2022 la cuantía destinada a financiar la concertada estuvo «congelada» (lo cierto es que en ese tiempo aumentó en torno a un 10%; en los primeros cursos de ESO subió casi un 20%), por lo que muchos centros «incurrieron en deudas» que deben aliviar. «Decir que ese dinero debe ir a los sueldos es demagogia», opina Iparragirre.

En todo este asunto no hay que olvidar que el Parlamento vasco acaba de aprobar la nueva Ley de Educación, que incluye por primera vez a la escuela concertada como parte del sistema educativo. La anterior, de 1993, ni siquiera la mencionaba. La nueva norma contempla el fin del cobro de cuotas para 2034. Para entonces, los colegios, en teoría, sólo podrán financiarse a través del Departamento de Educación.

Este punto es importante porque aquí también chocan los sindicatos y la patronal. Los trabajadores no quieren ni oír hablar de que sus salarios se vinculen a la financiación pública. Básicamente porque, dicen, perderían su capacidad de negociación. «No entenderíamos que la parte contratante no fuese responsable de la salarial», expone Javi Kerexazu (Steilas). Miren Zubizarreta (ELA) recuerda lo sucedido en 2010. El Gobierno de Mariano Rajoy aplicó un recorte del 5% en el sueldo de los trabajadores públicos. La financiación de la concertada también se vio afectada y las patronales quisieron aplicar el mismo recorte a sus trabajadores. Éstos se plantaron y los tribunales les acabaron dando la razón. «Pero, si no vinculamos salarios a financiación, ¿cómo quieren que lo hagamos?», se pregunta Kristau Eskola.