Las dudas sobre la llegada del TAV elevan la tensión entre el PNV y el Gobierno de Sánchez

El aviso contiene toda una carga de profundidad dirigida al Ministerio de Transportes, que encabeza José Luis Ábalos, al que Andoni Ortuzar responsabiliza directamente de convertirse en un «muro» para «obstaculizar» la llegada del tren. En una entrevista en 'El Economista' que Sabin Etxea se encargó de difundir ayer por los canales habituales, el presidente del EBB se refiere a la culminación de las obras del TAV como otra «sombra» más en su relación con Sánchez, «que se ha convertido en penumbra», y avisa de que los jeltzales están «muy enfadados» por el «retraso injustificado» del proyecto y por la «falta de seriedad del Gobierno».

«Todos los plazos que han dado se han incumplido. Hemos adelantado el dinero, que luego descontaremos del Cupo, y nos encontramos con que el Ministerio es un auténtico muro que pretende obstaculizar el desarrollo del tren», lamenta Ortuzar, que pone voz así al «fuerte malestar» de Sabin Etxea y de la pata peneuvista de Lakua por lo que consideran una cuestión clara de voluntad política. O, en este caso, de ausencia de ella por motivos puramente económicos. El PNV esgrime el acuerdo firmado en diciembre de 2016 con el anterior Gabinete de Mariano Rajoy -en concreto, con el entonces ministro de Fomento, Íñigo de la Serna- para soterrar el acceso del TAV a las capitales vascas. «Ya sabemos que es una obra cara, pero está comprometida y aprobada. ¿Qué pasa, que somos ciudadanos de segunda? ¿Valemos menos que Sevilla, Córdoba o ahora Murcia?», se preguntan.

En el PNV se cree, de hecho, que la polémica sobre una posible solución provisional que garantice la llegada del TAV pretende encubrir, en realidad, los retrasos y la nula voluntad de dar un impulso presupuestario a las obras. No obstante, la posibilidad de un 'plan B' que permita acercar el ferrocarril a las inmediaciones de Bilbao y Vitoria la alentó el propio Gobierno vasco a través de Arriola. Más tarde, fue el portavoz de Urkullu, Bingen Zupiria, el que reconoció que el plan para adelantar la entrada del TAV y su conexión con Francia podría estar sobre la mesa si media un acuerdo entre todas las instituciones implicadas, aunque el soterramiento, insisten en el Ejecutivo autónomo, es «innegociable». «No existe ninguna polémica en torno a esta cuestión. No tendría sentido una alta velocidad sin conexión con Europa y sin entrada soterrada», zanjó ayer Zupiria. Quienes se han opuesto con más firmeza a una solución transitoria son los alcaldes de Bilbao y Vitoria, Juan Mari Aburto y Gorka Urtaran, que temen que ese hipotético 'plan B' tumbe «para siempre» el inicio de las obras para enterrar las estaciones y los proyectos de regeneración urbanística que lleva aparejados.

La polémica cambia, por lo tanto, de foco, al culpar el PNV directamente al Gobierno de Sánchez de los retrasos. El enfado por el TAV se suma al malestar que se ha ido larvando por la negativa del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, a desbloquear la transferencia del Ingreso Mínimo Vital (IMV), una cuestión muy sensible en la que, según fuentes jeltzales, no se ha avanzado «nada» en los últimos días. La diputada en el Congreso Josune Gorospe negó ayer que, con sus críticas, el PNV busque el relevo de Ábalos o de Escrivá de cara a la crisis de gobierno que se prevé para julio, pero sí advirtió a Pedro Sánchez de que sentirá «el aliento» del PNV hasta que cumpla «todos y cada uno» de sus compromisos.

No obstante, las advertencias jeltzales no van a tener ningún efecto práctico ni permiten presuponer que en los dos años largos que quedan de legislatura se vaya a acelerar algo. ¿La razón? Los propios peneuvistas, empezando por su presidente, dejan claro que Sánchez puede contar con su «apoyo sólido» hasta 2023 porque su prioridad es que la legislatura se agote. «No hay alternativa», insisten en el PNV. «La única es un PP rehén de Vox en la plaza de Colón, y ahí no vamos a estar», abundan.