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Álvaro Machín
Viernes, 29 de marzo 2024, 07:55
Era de esperar que la exclusiva que dio ayer este periódico saltase a todos los debates, tanto en las tertulias de la mayoría de medios de comunicación como en muchas reuniones familiares. Todo ello por lo sucedido en la cárcel de El Dueso, en la ... localidad cántabra de Santoña, donde se ha descubierto que dos empresarios encarcelados por haber supuestamente contratado a un sicario para matar a una persona se habían acogido meses antes a la 'Ley Trans' para declararse mujeres, que así constara en sus respectivos DNI y tener una serie de ventajas en el centro penitenciario. Porque los dos acusados, que ya afrontaron con anterioridad un proceso judicial por la promoción de un complejo residencial que no se llegó a ejecutar, además de declararse mujeres, han dicho que son «lesbianas» porque «están casados» con sendas mujeres.
Todo ello ha avivado -una vez más- el debate sobre la 'Ley Trans'. En el primer párrafo que publicó el BOE con la norma, que entró en vigor hace poco más de un año (el 1 de marzo de 2023), se plantea el objetivo de «desarrollar y garantizar los derechos de las personas lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersexuales, erradicando las situaciones de discriminación para asegurar que en España se pueda vivir la orientación sexual, la identidad sexual, la expresión de género, las características sexuales y la diversidad familiar con plena libertad». De hecho, el Ministerio de Igualdad asegura que está funcionando en este sentido y que en la mayoría de los casos «se ha producido una mejora en la vida de las personas».
La publicación de la ley ha disparado los casos. En total, 5.139 personas acudieron en 2023 a los registros civiles de todo el país para cambiar su sexo. Supone algo más de catorce cada día, y es una cifra cuatro veces superior a la registrado el año anterior, 2022.
El Ministerio de Igualdad advierte, no obstante, de que el abuso de la norma «se pena» y, en este sentido, se agarra, entre otros aspectos, a los autos del juez del juzgado de instrucción número 5 de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria). El magistrado cántabro Matías Martínez fue el primero en denegar un cambio registral y, durante el primer año de vida de la norma, lo ha hecho ya en seis ocasiones. «No los acepté porque incurrían en un profundo fraude. Todos eran cambios de hombre a mujer», explicaba recientemente.
Un ejemplo de ello ocurrió en Madrid. El Gobierno de la Comunidad avisó por carta este mismo mes al Ministerio de la existencia de casos de hombres (se ha informado que son seis) que figuran en el sistema VioGén (Sistema de Seguimiento Integral de los Casos de Violencia de Género) como agresores machistas y que han realizado el cambio registral de sexo. A esto se suman los casos que se han descrito en Ceuta sobre miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de las Fuerzas Armadas que habrían cambiado de sexo en el registro para obtener una serie de beneficios profesionales. Uno de estos casos -el de la cabo del Ejército de Tierra Roberto Perdigones- fue especialmente sonado: apareció por televisión para contar que se había «registrado como mujer» ya que se siente «una persona bigénero intersexual».
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