La división sienta cátedra

Mucho menos comedidos fueron los manifiestos, casi idénticos, que han aprobado los siete claustros de las universidades públicas catalanas. En ellos, los órganos máximos de representación de la comunidad universitaria, en los que están integrados profesores, alumnos y personal de Administración y Servicios, reclaman la puesta en libertad «de las personas presas políticas injustamente condenadas o en prisión condicional, el sobreseimiento de todos los procesos penales en curso relacionados y que se permita el retorno a las personas exiliadas». Además, los claustros rechazan «la represión y la violencia policial», aseguran que «la excepcionalidad que se vive en Cataluña hace necesaria y urgente una respuesta cívica e institucional clara» y sostienen que «no hay margen para el silencio de la institución universitaria ante la situación actual de represión y la erosión de las libertades y los derechos civiles».

El contenido de este manifiesto ha sido interpretado como una carta blanca a los estudiantes para que participen en las protestas contra la sentencia. Esta percepción parece haberse visto confirmada por la decisión de las universidades de ofrecer la evaluación única a los alumnos, una opción que desde hace años ofertan universidades como la Politécnica de Catalunya a alumnos que están trabajando o prefieren, por motivos personales, jugárselo todo a una baza. La evaluación continua no tiene nada que ver con el aprobado político general que se decretó en la Autónoma de Barcelona en el penúltimo año del franquismo, cuando una larga huelga de los profesores no numerarios se llevó por delante el curso.

«Entre los profesores no hablamos del tema para evitar conflictos, de alguna manera nos autocensuramos», admite Adolfo Comerón, catedrático de la Politécnica de Catalunya, donde la incidencia de la huelga «ha sido mínima». Él fue uno de los docentes que suscribieron la carta a los rectores en respuesta al «aberrante» texto aprobado por los claustros de los centros públicos catalanes. En la misiva, los firmantes recuerdan que estos órganos de gobierno «en modo alguno han sido elegidos por sus ideas políticas» y consideran «incompatible con la misión de la universidad tratar de contribuir a dibujar en la esfera pública un pensamiento único sobre cualquier tema».