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Gaizka Lasa
Viernes, 31 de agosto 2018, 00:30
La presión migratoria en la frontera de Irún durante el verano tiene su traducción numérica: 108 subsaharianos con destino a Francia han sido devueltos por la Gendarmería a la brigada de Extranjería de la Policía Nacional en Biriatou en julio y otros 80 en agosto. ... Las cifras cuadruplican las registradas a inicios de año: 21 enero, 20 en febrero y 28 en marzo.
Los operativos policiales son elocuentes y evidencian el auge del tráfico migratorio, aunque el presidente de SOS Racismo, Mikel Mazkiaran, advierte de que representan «solo una pequeña parte de las devoluciones que se producen en la práctica». El responsable de la ONG se refiere a los casos en que los migrantes son bajados de los autobuves de línea, subidos a un tren en Hendaia camino a San Sebastián o redirigidos a pie hacia el otro lado de la muga. Ninguna de estas actuaciones se contabiliza en los informes policiales. «Unos son entregados a la Policía y otros no, es difícil saber de cuántos estamos hablando en total», subraya Mazkiaran.
Tratando de encontrar un criterio o patrón para determinar qué migrantes son llevados a la comisaría y quiénes son, simplemente, conducidos de vuelta a la frontera, el presidente de SOS Racismo cree que «los que son identificados en Hendaia y alrededores son devueltos directamente, mientras que a los que se intercepta más adelante se les aplica el acuerdo hispano-francés y se les entrega a la Policía Nacional». Este acuerdo bilateral se ha establecido para personas que se encuentran en suelo francés dentro de un margen de cuatro horas después de haber cruzado la muga.
Fuentes policiales aseguran que «no se han producido grandes aglomeraciones, ni generado problemas de convivencia en la zona fronteriza». Vaticinan, además, que «la presión va a menos», a tenor de la veintena de devoluciones menos que ha habido en agosto respecto a julio. Desvelan, eso sí, que Irún no es el único punto de paso elegido por los migrantes para cruzar a territorio francés.
A aquellos que son entregados a la Policía Nacional -detalla el presidente de SOS Racismo- «se les inicia un expediente de expulsión. Ahora bien, es muy extraño que queden detenidos». A partir del momento en que quedan libres, la mayoría de los migrantes vuelve a intentar cruzar la frontera para proseguir con su viaje hacia Europa. Esta circunstancia dificulta la asistencia del letrado que se les asigna. Además, aunque el expedientado logre llegar a su destino, «el acuerdo de expulsión se aplica en todo el espacio Schengen. Esto se traduce en que si un migrante es interceptado en Bélgica, la Policía belga no le tiene que volver a expedientar». Lo habitual es que acaben embarcando en uno de esos vuelos conjuntos que se fletan a países concretos.
Los migrantes que salen de la comisaría y deciden quedarse por Irún durante un tiempo, generan una necesidad humanitaria que ha llevado al Gobierno vasco y al Ayuntamiento a habilitar un centro de acogida de emergencia con 60 plazas, tanto para hombres como para atender a mujeres, niños y colectivos especialmente vulnerables.
La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, afirmó ayer que en un mes se habilitarán 1.149 plazas más para acoger a los migrantes que llegan en patera a España, lo que supone un incremento del 27%. En total, al comienzo de octubre, ascenderán de 5.359.
Así lo manifestó Valerio durante su comparecencia a petición propia en el Congreso. La ministra aseguró que a su llegada al Ejecutivo las plazas ofertadas se limitaban a 2.803. La responsable de Migraciones reivindicó la prestación de una «adecuada» atención a los migrantes. Destacó la puesta en marcha de centros de acogida de emergencia y derivación en Chiclana de la Frontera y Mérida en virtud del plan de choque del Gobierno, que cuenta con 30 millones de euros.
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