Las deudas de la DYA superan en 1,3 millones su patrimonio y cuestionan su supervivencia

Los problemas económicos son acuciantes. Así lo revelan las últimas auditorías de cuentas a las que ha tenido acceso EL CORREO. El dato más demoledor es que la DYA cerró el ejercicio de 2021 con un patrimonio neto negativo de 1,3 millones de euros.

Hay dos motivos que explican, según la querella interpuesta contra Izaguirre, que el futuro de la entidad esté en una situación límite. El primero tiene que ver con un supuesto desvío de fondos y administración desleal del expresidente. Le acusan de canalizar grandes cantidades de dinero de la ONG hacia una red de empresas que sólo él y sus socios controlaban, sobre todo en Cataluña. Dos filiales de la DYA serían el vehículo para ese trasvase de dinero: Emerplus y Global Formación. La primera de ellas debe una fuerte suma (cuatro millones) a la propia ONG, una cantidad que posiblemente no se pueda recuperar porque la mercantil está ya en proceso de disolución.

Noticia Relacionada

La entidad ofrece sus sedes sin uso para equilibrar las cuentas

La otra razón de la mala salud financiera tiene que ver con Can Padró. Detrás de este nombre se encuentra el supuesto mayor centro de adiestramiento de bomberos y personal de emergencias de Europa. Ubicado en Cataluña, la finca de 700.000 metros cuadrados fue adquirida por la DYA en 2009, cuando Usparitza tenía ya 90 años y estaba centrado en otras cuestiones no relacionadas con la gestión, mientras que Izaguirre era el coordinador general con plenos poderes, aseguran las fuentes consultadas. La entidad destinó casi 12 millones de euros para la operación. Para entonces, la ONG vizcaína contaba ya con una red de empresas satélite fuera de Bizkaia que, en muchos casos, escapaban al conocimiento de sus socios y benefactores.

Este entramado y, muy especialmente todo lo que se refiere a Can Padró, forma parte nuclear de la querella que la actual junta directiva ha interpuesto contra Izaguirre y también de una ampliación de la misma que la Audiencia de Bizkaia estudia ahora si es admitida a trámite. Un caso que salpica a una docena de personas. Los nuevos gestores quieren depurar responsabilidades. Y también tratan de maniobrar para equilibrar las cuentas y continuar una actividad que nunca ha cesado desde 1966. Siempre que Bizkaia ha atravesado una situación apurada, como las inundaciones de 1983 o la reciente pandemia, ahí ha estado la DYA. Y los nuevos responsables quieren seguir estando. Pero para eso hay que soltar lastre. La auditoría de cuentas de 2021 recoge que la situación de patrimonio neto negativo se repite desde, al menos, 2020, cuando el balance era aún peor, alcanzando un déficit superior en millón y medio de euros al valor de su patrimonio.

Esta situación contable es uno de los principios que estipula la Ley de Sociedades de Capital para instar a la disolución de una mercantil o bien a plantear un concurso de acreedores. El propio auditor que firma el informe reconoce que «existen algunas circunstancias que dificultan la capacidad de la asociación para seguir como empresa en funcionamiento». En este sentido, destaca «la existencia de un fondo de maniobra negativo persistente». Pero, a continuación, apunta que hay otros factores que mitigan la preocupante situación económica, como los ingresos procedentes de los mecenas (la DYA sigue teniendo unos 40.000 benefactores).

El auditor subraya que la asociación ha decidido seguir adelante y destaca que ha logrado reducir este pasivo en cerca de un 20%, en dos años. En este sentido, anota en la memoria que los actuales directivos prevén salir de los números rojos gracias a que la actividad sigue siendo sostenible. La entidad maneja un plan de viabilidad, que ha sido presentada ante las autoridades. Por último, añade que «las pérdidas acumuladas se deben a situaciones atípicas y extraordinarias y, por tanto, no se prevé que se vuelvan a reproducir en el futuro».

En realidad, la entidad benéfica ha seguido pagando a proveedores, a la Seguridad Social y a los trabajadores. Pero no ha cumplido con los plazos comprometidos con Eulen, la empresa que le vendió Can Padró. Aquí está parte del gran agujero, el fiasco que asfixia los balances desde hace 13 años.

Desde 2009, han sucedido muchas cosas en Can Padró. Lo primero es que el negocio de formación que allí se prestaba cae en picado (hubo incluso un ERE para los empleados) en cuanto se suscribió el primer contrato. Después llegan las negociaciones del crédito y los aplazamientos de pago. Se refinancia la deuda con un plan que se extiende hasta 2026. En algunos momentos, la DYA llega a abonar a Eulen 698.000 euros al año. Pero es una huida hacia adelante. En 2013, la entidad sin ánimo de lucro da un golpe de timón y devuelve la finca (que es valorada en 4 millones), pero le queda por abonar un fondo de comercio (un intangible que incluye el derecho a explotar el centro y posibles contratos) valorado en casi 5 millones, pero que, realmente, no es dinero fluctuante, sino un conjunto de expectativas. Ahora, lo último que ha trascendido es que Eulen ha rescindido finalmente el contrato de alquiler a la filial de la DYA de Can Padró, con lo que ya no explotará este centro y tendrá que despedir a sus trabajadores. De esta forma, la entidad da carpetazo a una desastrosa operación, aunque sigue arrastrando la deuda con Eulen.