El desmantelamiento de Garoña se frena tras parar el Gobierno el proyecto del cementerio nuclear

La presión política y social, unida a la crisis interna de Nuclenor –con sus dos socios paritarios, Iberdrola y Endesa, divididos ante el futuro del reactor del Valle de Tobalina– llevó al Gobierno del PP a decidir el 1 de agosto de 2017 el cierre definitivo de Garoña. El anuncio fue realizado por el entonces titular de Energía, Álvaro Nadal, que dejó muy claro en su intervención cuál era la posición del equipo de Mariano Rajoy. «Cualquier central necesita certidumbre económica, política y social para amortizar la inversión;con la de Burgos ha faltado un debate sosegado», dijo el ministro.

Las tareas de desmantelamiento de la central burgalesa no han parado desde aquel día. El plan diseñado se dividía básicamente en dos bloques, según explicó a ELCORREO un portavoz de Nuclenor. A la empresa radicada en Burgos le correspondió gestionar el combustible gastado y poner en marcha los procesos necesarios para transferir la titularidad de la planta a Enresa «de forma segura, eficaz y respetuosa con el medio ambiente». A Enresa, por su parte, le tocaron las operaciones derivadas de la clausura de unas instalaciones atómicas y radiactivas, es decir, básicamente, la gestión final de los residuos nucleares.

Nuclenor descargó el combustible del reactor en diciembre de 2013, un año después de la parada por sorpresa de su actividad, que le valió una sanción económica de 18,4 millones de euros por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC). El siguiente paso, previsto para el segundo semestre de este mismo año, consistiría en 'empaquetar' los residuos de la piscina en cinco contenedores, que serían depositados de momento en la propia Garoña, en un espacio que la legislación denomina Almacén Temporal Individualizado (ATI).

¿Qué está pasando ahora? Según Nuclenor, lo que está ocurriendo es que a Enresa le corresponde entregar a la empresa de Burgos los contenedores y equipos necesarios para su transporte hasta ese ATI y, de momento, ni siquiera esto se ha hecho.

El siguiente paso, según el calendario fijado, consistiría en trasladar todos esos residuos desde Burgos al gran cementerio nuclear de España, el llamado Almacén Temporal Centralizado (ATC), que todavía no existe. La indecisión sobre el lugar en que se levantaría fue demorando el proyecto durante años y cuando por fin parecía que había un emplazamiento, el de Villar de Cañas, el Gobierno de Pedro Sánchez lo ha puesto otra vez en suspenso, al saberse que Enresa no reserva fondos para él en sus presupuestos.

Nuclenor considera ahora que ha cumplido su parte del compromiso. «Las tareas de acondicionamiento de los residuos que se generaron durante la operación de la central, prácticamente, las hemos finalizado».

El reactor durmiente de Burgos cuenta en la actualidad con una plantilla de 119 empleados, que, en función de la carga de trabajo, se elevan hasta 165 con los pertenecientes a empresas colaboradoras. La principal misión de todos ellos consiste en vigilar y controlar los sistemas de refrigeración del combustible, «garantizando que todo está en condiciones de máxima seguridad».