La desaparición del cadáver de un indigente francés destapó la trama fúnebre

Sin embargo, todavía se desconoce la identidad del fallecido. Como han confirmado fuentes oficiales, no figura en los registros de la residencia de mayores del municipio. Dadas las circunstancias, todo apunta a que se trataba de una persona que tenía escasos recursos económicos o que practicaba la indigencia.

El Ayuntamiento de Albal alertó al Hospital de La Fe de Valencia de que no habían recibido el cuerpo sin vida del hombre. Se habían comprometido a ofrecerle un sepelio de beneficencia. Esto ocurre cuando un municipio se hace cargo de aquellos cuerpos que no han sido reclamados y costean el entierro o la incineración de los mismos con el presupuesto municipal.

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Melchor Sáiz-Pardo

Desde el Ayuntamiento se pusieron en contacto con servicios sociales de La Fe, dado que no entendían el motivo de la tardanza. Sin embargo, el hospital certificó que el cuerpo ya había salido de sus instalaciones y había sido trasladado por una funeraria. Es en este momento cuando se dan cuenta de que algo no va bien. Los responsables interpusieron una denuncia para esclarecer los hechos.

Esta denuncia fue la baza fundamental que permitió desenmascarar la trama criminal que se estaba realizando en la funeraria Montesinos de Benimaclet. Los agentes terminaron deteniendo a dos trabajadores, a un administrador y a un gerente. La actuación de La Fe en colaboración con el Ayuntamiento de Albal permitió una rápida actuación. Tirando de este hilo pudieron descubrir lo que había pasado con otros cuerpos que no habían sido reclamados y que habían sido trasladados por la Funeraria Montesinos.

Los investigadores de la Policía Nacional comprobaron cómo dos trabajadores de la funeraria, tras falsificar documentos, se habrían apoderado de un cuerpo que se encontraba en la morgue del hospital y lo habrían trasladado a una universidad para su estudio en lugar de haberle dado sepultura tal y como estaba previsto.

El grupo desmantelado buscaba fallecidos sin familiares, falsificaban la documentación para ofrecer los cuerpos a las universidades y cobraban 1.200 euros por cada servicio en concepto de traslados e incineración. El perfil que buscaban eran personas vulnerables, ancianos que no tenían más familiares o personas sin techo. Todo con tal de que nadie se diera cuenta de que estaban haciendo negocio vendiendo a personas sin vida a las facultades de Medicina.