«Estamos sin casa y sin dinero», claman afectados por los derribos de Arnuero

«Estamos sin casa y sin dinero», lamenta Javier Terán, uno del medio centenar de propietarios que hace tres meses retiró de su hogar todos los electrodomésticos, muebles y enseres, además de dar de baja los servicios de agua, luz y gas. Este vecino desconoce los motivos por los que el Ejecutivo regional aún no les ha abonado el dinero que les corresponde -su vivienda fue valorada en unos 110.000 euros-. «Nos piden un papel detrás de otro, pero no terminan de pagar y ya ha pasado más de un mes».

Terán dice que está «muy quemado» con esta situación. Y más tras conocer que un juez indicó sobre un caso similar en Argoños «que, además del valor de la vivienda, había que abonar el IPC». En el caso de los afectados de Arnuero no va a ser así, según apunta, puesto que el dinero que recibirán es el que se fijó en el momento de la firma del convenio suscrito con la Administración, «hace ya dos años». «Teniendo en cuenta las subidas que se han producido el año pasado y el anterior, yo calculo que estemos dejando de percibir entre 15.000 y 20.000 euros», reprocha este vecino, muy molesto. «Al final vamos a tener que poner dinero para irnos de aquí».

Tales son las ganas de «pasar página» y dejar atrás este particular vía crucis, que «hemos descartado la posibilidad de impugnar judicialmente ese acuerdo para cobrar el IPC». «Lo que queremos es terminar porque esto es un calvario; nos da igual más o menos dinero. Pero no hay manera, ni siquiera tragando las imposiciones y cediendo en todo».

Daniel Juez se encuentra en la misma situación, aunque desde hace tres años alquila su vivienda a través de una empresa durante los meses de verano. «Estamos a la espera, pero veo complicado que esto se resuelva en verano, teniendo en cuenta que la idea es ir a la notaría en varias tandas de vecinos para suscribir el acuerdo».

Tras más de veinte años luchando por su vivienda, se muestra partidario de zanjar este asunto cuanto antes. «A ver si se soluciona pronto para no darle más vueltas. Hemos hecho todo lo posible para defender nuestras viviendas, pero al final los que deciden son ellos (la Administración cántabra)».

Por su parte, el otro medio centenar de vecinos de Arnuero afectados por sentencias de derribo está a la espera de que se construyan las 62 viviendas de sustitución que se ubicarán a las afueras del casco urbano del municipio, en la zona del Plan Parcial Bocarrero. Las obras, adjudicadas el pasado mes de abril a la empresa madrileña Imesapi S.A., por 6,5 millones de euros, han comenzado hace unos días, aunque muchos vecinos hubiesen preferido que los trabajos se demorarán más para no tener que abandonar su vivienda a finales de 2023, que es cuando está previsto que les entreguen las llaves.

Francisco Aragón es uno de los afectados que se aferra a su residencia. «Parece que quieren agilizar la obra para que no se encarezcan más los materiales, pero yo preferiría que se quedaran sin ellos (ríe), porque, por muy buena casa que me den, el sitio no me lo van a compensar. Aquí todos deseaban que se retrasara el inicio de la obra».

Entre esos vecinos se encuentra José Antonio Utrilla. Por encima del valor económico de su dúplex, destaca todo lo que ha viviendo en él desde 1994, como el nacimiento de sus hijos. «Aquí he formado una familia y he vivido una experiencia muy intensa. Al final, supone abandonar una vivienda donde hemos pasado una parte importante de nuestra vida y no hay ninguna gana, teniendo en cuenta el tortuoso camino, de 25 años, que hemos recorrido».

Sin embargo, este afectado también tiene claro que no quiere dejar a sus hijos una «herencia envenenada» y asume que «en algún momento tendremos que hacer una despedida y un duelo, aunque no tengo prisa».

Didier Fleury, presidente de la comunidad de vecinos de Cerrias (Piélagos), afectada por derribos, asegura que han encontrado un vericueto legal que permitiría regularizar las 17 viviendas de Cerrias I que están condenadas a la piqueta. De hecho, como avanzó El Diario Montañés el pasado mes de abril, ya han sido adjudicados los trabajos de derribo, «pero no hay fecha de ejecución».

Según explicó el portavoz de los afectados, hace unos meses descubrieron que el deslinde de Cerrias es «nulo» porque «fue notificado pero no publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE)». Tras conocer esta circunstancia, los vecinos remitieron una notificación al Ministerio, «pero no nos han contestado». Por eso se plantean acudir a los tribunales.

¿Qué supone esto? «Nuestras casas seguirían con sentencia de derribo pero en la misma situación que el resto de viviendas, que se pueden salvar a través de nuevo Plan General que está pendiente de aprobación –ya que los terrenos pasarían a ser urbanizables–, según nos ha confirmado el consejero de Obras Públicas, José Luis Gochicoa. Ya no hablaríamos de las 17 viviendas de Cerrias, sino de las 39».

Aun así, todo pasa, según explica Fleury, porque salga adelante el nuevo Plan de Piélagos, «que se está retrasando» sobre la previsión inicial de marzo o abril que fijaron tanto Gochicoa como la alcaldesa, Verónica Samperio. «Estamos en julio y aún no ha salido, con lo que esperamos que no se demore más y se apruebe cuanto antes para que todas las casas entren en un proceso de regularización».