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Andrea Cubillas
Domingo, 28 de octubre 2018, 01:35
Francisco Javier guarda con recelo su intimidad. Es lo poco que conserva después de que le robaran su infancia, su ilusión, su inocencia. De la forma más cruel. En mitad de la noche, con el silencio y la penumbra como cómplices. Rompiendo los sueños más inocentes. «Se acercaba a mi cama», recuerda, donde el sacerdote José Manuel Ramos Gordón abusaba de él. «Las silenciosas lágrimas que derramaba» no eran para el religioso «ni impedimento ni un límite, y solo te quedaba pensar que el tiempo pasaría y que terminaría pronto», relata en su carta.
El recuerdo es demasiado doloroso. El horror que vivió junto con su hermano gemelo, que pidió auxilio «y la Iglesia se lo denegó». Por él, que falleció en un accidente de tráfico, sigue alzando la voz cuatro años después de denunciar los abusos sufridos en el curso 1988-89 en el Seminario Menor de La Bañeza (León). «Quiero limpiar su honor, sea como sea». «José Manuel Ramos Gordón era un depredador sexual. Pero no era un hecho aislado, en esos años se ponían las botas». Pero no fue el único culpable. Detrás de ese horror vivido en una infancia marcada por los abusos sexuales se esconden más nombres. El de los cómplices, que callaron. «Fueron los más culpables de todo. Si ahora es difícil denunciar, en los años 90 era inviable. Te partían la cara. Tenías que cargar con el muerto y tirar hacia adelante», asevera. Pero su hermano sí sacó el valor suficiente para ponérselo en conocimiento a Javier Redondo, el por aquel entonces tutor de sexto de EGB, que también calló. Como él, los nombres y apellidos de más miembros de la Diócesis de Astorga que aparecen en las cartas remitidas al Vaticano y que fueron llamados a declarar en el marco de la investigación pontificia.
Sin embargo, lamenta Francisco Javier, ni ha trascendido ni ha tenido consecuencias porque «han querido limitarse al pederasta. Tocar lo demás era peligroso». Es más, después de que se dio la voz de alarma y se pidió auxilio, recuerda, empezaron los castigos, el acoso psicológico y los tratos inhumanos y vejatorios «porque éramos peligrosos al tener una información muy poderosa».
Sí hubo sentencia para Ramos Gordón. También condena: un año de privación de oficio de párroco. Pero Francisco no obtuvo un papel, una prueba que certificará su confesión. Y las palabras no eran suficientes. Más aún cuando eran a puerta cerrada y en el exterior el sacerdote seguía oficiando misa y recibiendo homenajes de sus feligreses. Frente a ello, Francisco dio un paso. «Mantuve el silencio pero siempre tuve claro que lo iba a llevar a los medios de comunicación porque era la única manera de combatir eso». A partir de ese momento, otras víctimas relataron desde el anonimato el horror vivido en el Seminario de La Bañeza. Astorga fue escenario de una manifestación de exseminaristas pidiendo la condena de los encubridores de los abusos y dos víctimas dieron el paso a denunciar.
La primera contra Ramos Gordón, la otra contra Ángel Sánchez Cao, hoy sacerdote de la localidad gallega del Barco de Valdeorras, al que se le acusan de abusos sexuales en el seminario leonés y que está siendo objeto de investigación bajo secreto pontificio. Un testimonio que empujó a la Diócesis de Astorga –dependiente del seminario– a dar explicaciones. Antes, recuerda Francisco Javier, silencio. Por ello, insiste en acusar al obispo de encubrir los abusos. «Amparó y defendió al pederasta. Ramos Gordón está en la casa sacerdotal donde vive el señor obispo. Debajo del mismo techo y mantel comen el pederasta y el que lo defiende y lo ampara. Que cada uno juzgue si eso es encubrir».
El obispo Juan Antonio Menéndez, al que la Iglesia le ha asignado la labor de presidir la nueva comisión antipederastia, le ha acusado públicamente de chantaje por negarle el pago de 300.000 euros. Si algo tiene claro Francisco Javier es que la Iglesia no les va a proteger. «Los pederastas seguirán satisfaciendo sus necesidades y sus cómplices intentarán ocultarlo por todos los medios. Dicen que va a cambiar, pero nadie se lo cree», sentencia.
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