La respuesta a todas las dudas sobre el nuevo decreto de viviendas deshabitadas del Gobierno vasco

Toda vivienda en Euskadi en condiciones de ser habitada que esté vacía de forma ininterrumpida durante dos años. Se calcula que es una situación en la que están 15.149 viviendas en toda Euskadi (el 1,4% del parque de vivienda en la comunidad autónoma), según el último informe sobre el uso de la vivienda en Euskadi 2019.

No, es un canon finalista que se queda en los ayuntamientos y se tiene que destinar a la promoción de vivienda (en la parte que corresponda se puede dedicar a costear los gastos de gestión derivados de la tarea de acreditar la vivienda deshabitada en el municipio). El canon no busca recaudar ni penalizar, sino movilizar a la ciudadanía para que la función social de la vivienda que establece la Ley Vasca de Vivienda se haga efectiva en Euskadi.

El Ayuntamiento en el que se ubique la vivienda en posible situación de deshabitación. Con carácter subsidiario, también podrá hacerlo el Gobierno vasco. Esta última administración, es la responsable del Registro de Vivienda Deshabitadas en el que se inscribirán las viviendas deshabitadas y de la declaración de acreditada demanda y necesidad de vivienda de un ámbito (el ámbito puede ser un municipio, un sector urbano de suelo residencia, un área de regeneración, casco histórico, centro urbano, barrio urbano o ámbito consolidado por la urbanización).

Los ayuntamientos podrán acreditar la situación de desocupación permanente y continuada de más de 2 años por cuantos medios sean admitidos en derecho y, en concreto, podrán acceder a los datos del padrón y de otros registros públicos y, además, solicitar a las empresas suministradoras los datos de agua, gas y electricidad.

Se considera consumo mínimo para el uso residencial por persona y año, la tercera parte del consumo medio anual de agua, electricidad o gas por persona de acuerdo con los datos facilitados respecto a la localidad en que se sitúan las viviendas por las empresas suministradoras.

Se va a cumplir con la normativa vigente de protección de datos. Esta posibilidad está recogida en la Ley de Vivienda y se desarrolla en el decreto. Este tipo de peticiones de datos son habituales para casos de inspección.

No es obligatorio tener uno por Ayuntamiento, pero sí lo es subir los datos al registro de toda Euskadi –telemático y situado en el Gobierno Vasco- cuando haya una resolución de vivienda deshabitada o una revocación de dicha resolución.

No, el decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación en el BOPV y, a partir de ese día, los Ayuntamientos pueden iniciar el procedimiento para declarar una vivienda como deshabitada. Si tienen indicios de que una vivienda está sin ocupantes desde hace dos años, pueden iniciar el procedimiento ya.

El ayuntamiento podrá abrir diligencias previas de inspección. Emitirá un informe sobre los datos del empadronamiento y demás circunstancias y requerirá a las compañías suministradoras los datos de consumos de agua, gas y electricidad (se considera consumo mínimo la tercera parte consumo medio por persona en la localidad)

Se iniciará el procedimiento y se dará un plazo de audiencia a los interesados de 15 días hábiles para formular alegaciones. Se pueden presentar pruebas que acrediten los supuestos en los que se puede tener una vivienda deshabitada (desocupación temporal por trabajo o salud, segunda vivienda, etc.).

La resolución del procedimiento declarando la vivienda como deshabitada implica la imposición del canon y el traslado de la resolución al registro autonómico.

Sí, poniendo a disposición la vivienda de los programas de las administraciones o entidades públicas con competencia en vivienda, como por ejemplo el programa Bizigune y si se acredita la concurrencia de alguna de las causas justificativas para la desocupación.

Se está ultimando. Estará listo después del verano.

10 euros/m2 y después un incremento del 10% del coste inicial por cada año adicional con la vivienda desocupada. Cuando se alcance el triple del canon inicial se frena el incremento anual del 10%, pero el canon se sigue cobrando sin límite temporal, en esa cuantía máxima.

Cuando se revoque la resolución de la declaración de la vivienda deshabitada por parte del ayuntamiento, prorrateándose por meses el importe del último período anual liquidado. Se podrá revocar cuando se acredite la ocupación para uso habitacional de la vivienda.

Es legal la coexistencia del IBI y el canon. Es lo que recurrió el PP al Tribunal Constitucional cuando se aprobó la Ley de Vivienda, alegando que se duplicaban los hechos imponibles. El tribunal dice que son compatibles.

Podría hacerlo, subsidiariamente.

Se computa una única vivienda adicional por titular ubicada en la Comunidad Autónoma del País Vasco. Todas las adicionales, sí pueden entrar en el procedimiento de vivienda deshabitada. Si una persona es de fuera de Euskadi y tiene varias viviendas en la comunidad autónoma, sólo podrá alegar que una de ellas es segunda residencia.

No aplica a las segundas o terceras viviendas que una persona de Euskadi tenga en otra comunidad autónoma. El Decreto no dice que no puedan estar en la misma localidad que la primera vivienda. Tendrán que justificar para su consideración de segunda residencia que se ocupa de manera intermitente o en estancias temporales. Se alega el estatus de segunda vivienda en el periodo de audiencia del procedimiento de declaración de vivienda deshabitada.

Que el canon de vivienda deshabitada se traspasa al nuevo propietario, que deberá pedir su revocación en caso de que vaya a habitar la vivienda o pagarlo en caso de que esta siga vacía. Si es una vivienda que está en el procedimiento abierto de declaración como vivienda deshabitada, el comprador puede tener derecho al trámite de audiencia y aportar pruebas.

Pueden darse casos de alquiler forzoso o expropiación forzosa. El alquiler forzoso es una alternativa para las viviendas que llevan desocupadas más de un año desde la resolución de vivienda deshabitada activa. El alquiler forzoso supone la expropiación temporal por cinco años prorrogables otros cinco. La expropiación es una herramienta para los Ayuntamientos en los casos más extremos que supongan incluso riesgo para la seguridad de la ciudadanía por estar los edificios en situación de abandono. Sí suponen una indemnización. Hay una disposición adicional para casos de regeneración urbana.

El alquiler forzoso y la expropiación únicamente se hacen en las zonas declaradas como áreas tensionadas (ámbitos de acreditada demanda y necesidad de vivienda) por el Departamento de vivienda a petición de los ayuntamientos o de oficio.

Son una herramienta más en manos de los Ayuntamientos, pero no es el objetivo. El fin es movilizar el parque de vivienda vacía, no llegar a este punto, que se reserva para casos extremos. Hay una disposición adicional en la que se hace referencia a expropiaciones en casos de ausencia de rehabilitación o ruina, para realizar intervenciones de rehabilitación y regeneración. El artículo 27 sí es para la expropiación de vivienda deshabitada, pero es para los casos más recalcitrantes.

Son áreas de especial demanda o necesidad de vivienda. Para declararlas es imprescindible que cumplan dos requisitos: Más de 100 personas registradas para alquiler protegido en Etxebide que en dos años no han podido ver atendida su solicitud con el parque público. Precios de mercado del ámbito, según la última EMA, que sean al menos un 10% superiores a la renta media de la localidad o área funcional del municipio.

Se declaran, a petición de los ayuntamientos, a través de una orden del consejero de Vivienda –el Departamento puede hacerlo motu propio, pero tiene que dar audiencia al Ayuntamiento-, es una declaración que únicamente sirve a efectos del articulado del decreto relacionado con el alquiler forzoso y la expropiación. La solicitud puede ser a municipios enteros, barrios o áreas funcionales. Queda la puerta abierta a que otras causas conviertan las áreas en tensionadas.

Los ayuntamientos y, con carácter subsidiario, el Gobierno vasco.

EUDEL ha participado junto al resto de agentes interesados en el proceso participativo abierto durante la elaboración del Decreto. Además, durante la tramitación del procedimiento se ha emitido informe de la Comisión de Gobiernos Locales.

Se ha acordado con Eudel organizar en septiembre un foro para informar y solventar las dudas de los municipios tras la aprobación del decreto y analizar las necesidades de formación que pudiera haber al respecto.

No, el canon es obligatorio para toda vivienda declarada deshabitada y en la resolución que oficializa ese estado tiene que estar recogido el pago del canon.