El caso de la decapitación de Jesús Mari Baranda, el jubilado vizcaíno de 67 años cuya cabeza apareció hace tres años en una caja que custodiaba una vecina de Castro Urdiales, llega a su recta final después de una larga instrucción en la que han ... participado hasta tres magistrados y que no ha podido despejar ciertas incógnitas, como dónde se encuentra el cuerpo de la víctima y cómo y dónde murió.
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A partir del 4 de noviembre y durante once sesiones, un jurado popular será el encargado de decidir si la única acusada y novia del fallecido, Carmen Merino –en prisión provisional desde hace tres años–, es autora de un delito de asesinato. Después será el presidente del tribunal, el magistrado Agustín Alonso (Sección Tercera de la Audiencia Provincial) el encargado de fijar la pena.
El origen de este mediático crimen se remonta al 29 de septiembre de 2019, cuando apareció la cabeza de Jesús Mari en una caja precintada que la novia había entregado a una amiga para que la custodiara con el peregrino pretexto de que contenía unos «juguetes sexuales». Un contenido que no quería que los agentes encontraran en su vivienda cuando acudieran para investigar la desaparición del jubilado.
Y es que fue en febrero de ese año cuando se perdió la pista del vizcaíno. Aunque no fue hasta abril cuando sus primos y amigos presentaron una denuncia, mes y medio después de sospechar de las condiciones en que se había producido su desaparición. Más o menos cuando dejaron de creer la versión de la que por entonces era su pareja, que en todo momento mantuvo que él la había abandonado para «vivir la vida».
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Una vez que se descubrió el macabro crimen, el juez acordó el secreto de sumario y envió a Carmen Merino a prisión provisional. Tras casi un año de investigación, el instructor levantó el secreto de sumario y fue entonces cuando se conocieron las conclusiones de la Guardia Civil, que consideran a Merino autora de la muerte del que fuera su novio durante ocho años, «habiendo cometido el hecho violento previo estudio y de manera premeditada, siendo escrupulosa con la destrucción de todo vestigio o indicio que pudiera suponer una incriminación de la misma».
Además, los investigadores, que no vinculan a nadie más con este caso, sostienen que, tras el crimen, la sospechosa orquestó una historia sobre la desaparición de su novio hasta que se hizo «insostenible» por la presión de familiares y amigos, «lo cual la lleva al extremo de tener que crear una prueba de vida, elaborando la ficción de que su novio había escrito varios mensajes tranquilizadores sobre su estado, todo ello, hasta la interposición de la denuncia por desaparición llevada a cabo por el primo de la víctima».
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¿Y qué llevó a Merino a cometer supuestamente este crimen? «Un interés económico». Según los investigadores, la novia de Jesús Mari, que al parecer cobraba una pensión y le daba dinero a sus hijos, tenía varias deudas por créditos impagados. Los agentes plantean la hipótesis de una posible marcha prevista por Merino a la localidad de Cádiz, circunstancia que se basa en las conversaciones mantenidas por la investigada con sus hijos y las consultas realizadas en páginas web inmobiliarias respecto a la búsqueda de viviendas en la localidad andaluza, «a lo que hay que unir, la importante cantidad de dinero que la investigada mantenía escondido en su vivienda».
¿Y cómo pudo cometer el crimen? Los agentes señalan que primero compró una sierra de calar y un martillo pesado y después una motosierra con la que indiciariamente habría «descuartizado» el cuerpo de su novio. De los ordenadores que había en la vivienda donde residía la pareja, la Benemérita extrajo varias búsquedas realizadas presuntamente por la sospechosa, como la forma de desatascar una motosierra o cuánto tarda en descomponerse un cadáver.
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Desde que ese conocieron estas conclusiones de los investigadores, hace ya dos años, la instrucción apenas ha logrado algún avance significativo. La única vez que la acusada ha roto su silencio en sede judicial, el 13 de noviembre de 2020, fue para declarar que «no he tenido nada que ver ni con la desaparición ni con la muerte de Jesús Mari» y que su relación con el finado era «estupenda, maravillosa, vinculada al amor; nos queríamos muchísimo». Habrá que ver si durante el juicio, y con un abogado nuevo –los dos anteriores renunciaron a defenderla– Carmen Merino mantiene esa misma versión.
Por su parte, los testigos no han podido arrojar nada de luz sobre la muerte de Jesús Mari y el paradero de su cuerpo. Ni siquiera la mujer, y amiga de la acusada, que custodiaba la caja en la que se encontraba la cabeza.
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De ahí que las acusaciones se aferren al informe de conclusiones de los investigadores, que la defensa intentará desmontar durante la vista oral.
La Fiscalía considera que hay que juzgar a Carmen Merino por un delito de asesinato (alevosía con imposibilidad de defensa), por el que solicita una pena de 25 años de cárcel con inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena. En concepto de responsabilidad civil, le reclama que indemnice con 20.000 euros al hermano, los hijos y el primo de Jesús Mari.
La acusación particular, que ejercen los dos hijos del finado, coinciden en que la acusada debe ser juzgada por un delito de asesinato con alevosía e imposibilidad de defensa, con la concurrencia de circunstancia agravante mixta de parentesco, por lo que solicita la pena de prisión permanente revisable. Con carácter subsidiario, esta parte pide que se imponga la pena de 25 años de prisión, además de la medida de libertad vigilada. En concepto de responsabilidad civil, solicita 35.000 euros para los dos hijos de Baranda.
La defensa reclama la declaración de no culpabilidad de la acusada y su libre absolución.
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