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Jesús J. Hernández
Viernes, 22 de septiembre 2017, 02:28
Poco antes de presentar su propuesta de reforma de la RGI, el Gobierno vasco quiso conocer la opinión de los vascos sobre la principal prestación vasca, a la que destina casi 500 millones de euros anuales. Lakua encargó un gran muestreo a Gizaker, una empresa ... especializada en sondeos, que abordó a 500 vizcaínos, 450 guipuzcoanos y 400 alaveses. Su informe de 83 páginas radiografía la opinión de la ciudadanía sobre la Renta de Garantía de Ingresos.
Llama la atención, en primer lugar, que tres de cada cinco vascos (57,6%) responde que no sabría adónde ir en caso de necesitarla. Pero es que, del resto, la mayor parte recurriría a entidades que no tienen nada que ver con su gestión. El 11% peregrinaría por los servicios sociales, el 3,5% apelaría a su Ayuntamiento, el 1,3% llamaría a la Seguridad Social, el 0,9% al Gobierno vasco y el 0,8% a la Diputación. En suma, sólo uno de cada cuatro vascos (24,8%), tocaría a la puerta correcta, la de Lanbide.
El estudio de Gizaker va también al fondo del asunto. Uno de cada tres vascos tiene en su entorno a alguien que cobra la RGI y solo dos de cada diez consideran excesiva la inversión en esta materia. El 56% la considera determinante en el hecho de que Euskadi tenga una tasa de pobreza por debajo de otras comunidades. La encuesta no respalda grandes revoluciones. ¿Debe llegar a más gente? Se muestra a favor el grupo más numeroso, un 29,2%, y sólo un 10% es partidario de políticas que conduzcan a una rebaja en la cifra de beneficiarios. La preocupación por el fraude queda también reflejada. Para casi la mitad de los encuestados (48,5%) está muy extendido, y otro 31,8% cree que hay numerosos casos «aunque no más que en otras prestaciones». Las cifras oficiales del Gobierno niegan la mayor y reducen las estafas en 2016 a «un 0,3% de los expedientes revisados». Casi ocho de cada diez personas consideran que Lanbide debe mejorar sus procesos, controles y gestión.
No es esta la única percepción errónea que manejan los vascos sobre la RGI. «¿Cuántas personas de origen nacional hay entre los perceptores?», se les pregunta. El grupo más numeroso calcula que los nacidos aquí serán «menos de un tercio» o «en torno a la mitad». Sin embargo, son la mayoría. Casi siete de cada diez nacieron en territorio español, según el área de Empleo y Políticas Sociales. Más de la mitad de los encuestados opina que, sin RGI, habría menos población extranjera en el País Vasco. Un anexo del informe, sobre temas variados, constata que un 61,1% sigue viendo la inmigración como «un problema». La encuesta contiene algunas preguntas llamativas. «La posibilidad de poder recibir ayudas sociales hace que la gente se vuelva perezosa», plantea. Casi un 50% de los preguntados mostraron algún tipo de sintonía con ese enunciado (un 18% muy de acuerdo y un 31% bastante), mientras que un 41,3% discrepó (un 25% bastante y un 16% completamente).
Uno de los aspectos que más consenso despierta entre la ciudadanía es que «si las empresas ofrecieran más y mejor empleo, no habría tantas personas que necesitaran la RGI». El 84% suscribe esa frase y, de hecho, lo que el 78% pide a las instituciones es precisamente eso: más y mejor empleo. El requisito fundamental para los perceptores es que «tengan la voluntad» de encontrar un trabajo. Lo señala el 97,4%. Es más, cuando rebuscan en sus planteamientos un buen motivo para retirarle a alguien esta ayuda, un 65,7% sostiene que «haberlo rechazado» o «faltar a los cursos» es una razón suficiente para decretar la extinción.
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